La procuradora Alejandra Gils Carbó aseguró hace poco menos de un mes que no tiene ningún plan de dejar su cargo: "No voy a renunciar ni planeo jubilarme", dijo al diario 'La Nación' la jefa de los fiscales.
Sin embargo, Mauricio Macri ya habría decidido echarla por decreto si el juez federal Julián Ercoloni la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.
Además, según el sitio 'La Política Online', a ese caso se podría agregar el alquiler de un inmueble en la calle Corrientes que pertenecía a Víctor Blanco, actual presidente de Racing y cercano a Máximo Kirchner.
Según el mismo medio, los legisladores de Cambiemos habrían demoraron la citación de Gils Carbó al Congreso por lo menos hasta que este bien avanzada la campaña electoral, cuando tal vez ya esté procesada y desplazada de su cargo.
Según contó el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le habría recomendado a Macri echar por decreto a Gils Carbó ni bien asumió, pero no tomó su consejo, se lamentó.
Luego, el presidente prefirió enviar un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público que incluía un abrupto final del mandato de Gils Carbó. Los diputados de Cambiemos lo consensuaron con Sergio Massa, pero cuando lo iban a tratar Elisa Carrió advirtió que era inconstitucional y Macri pidió congelarlo.
Según manifiestan, hasta ahora todas las movidas de Lilita Carrió sobre el tema Gils Carbó, fueron muy funcionales a la permanencia de la procuradora en su cargo. "Lilita en los medios la destroza, pero todo lo que hace contribuye a que Gils Carbó siga en el cargo", habría dicho un destacado funcionario del PRO al mencionado sitio web.
Macri optó entonces por atacar a Gils Carbó a través de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que puede reunir información sobre su acccionar, pero no juzgarla. La estrategia de la procuradora se limita a que algún juez o fiscal declare inconstitucional su desplazamiento por DNU, si finalmente sucede, pero no podría evitar que el tema finalice en la Corte Suprema, donde no tiene quien la respalde.
Otra esperanza son jueces federales que no están enfrentados al Gobierno pero no lograron vínculo de cercanía como el que tenían con el kirchnerismo y se preguntan entonces para que facilitarle a Macri algo.
Los senadores peronistas tampoco la respaldan y lo hacen saber congelando pliegos de fiscales pedidos por la jefa del Ministerio Público. La maniobra la ejecuta Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y presidente de la Comisión de Acuerdos, que también integra el jefe de bloque Miguel Pichetto.
Además, a Gils Carbó se le avecina un conflicto por el alquiler de un edifico en calle Corrientes 1615, que pertenece al presidente de Racing, Víctor Blanco, por el cual habría pagado $100.000 mensuales.
Blanco entabló durante el kirchnerismo una relación cercana con el Gobierno que le habría permitido acceder a muchos beneficios. Uno de ellos fue la insólita transferencia a Racing de $ 17.407.500 a través de Planes de Recuperación Productiva (Repro), creados en 2008 para evitar que empresas en dificultades echaran gente.
El actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nunca encontró documentación que garantice semejante beneficio al club de la Avellaneda. La justicia ya investiga el tema y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya fue imputado.
Además, Miguel Jimenez, vicepresidente de Racing y mano derecha de Blanco, está vinculado al escándalo del Plan Qunita, a través de su hijo Ignacio. Blanco no perdió contacto con Cristina.
En efecto, sería uno de los principales financistas de su campaña junto a Adolfo Rodríguez Saá, quien ubicó a su sobrino Nicolás en la lista de diputados.
El presidente de Racing no pidió lugares en las listas, pero si apoyo para su reelección en las elecciones de noviembre en las que enfrentará a Matías Eurnekian.
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