La denuncia por presuntas irregularidades en el escrutinio provisorio de las PASO cambia de fuero. A instancias de una recomendación del fiscal, el expediente saldrá del fuero penal para pasar al electoral. De esta manera, por recomendación del fiscal Franco Picardi el juez federal Sebastián Casanello se declaró "incompetente" de intervenir en el caso que pasa a manos de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría.
"Toda vez que los hechos denunciados, en caso de comprobarse su materialidad, se erigirían como faltas o delitos de neto carácter electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.108 y en el Código Nacional Electoral habrá de propiciarse la incompetencia del tribunal a vuestro cargo", opinó Picardi, fiscal designado durante el kirchnerismo y vinculado a La Cámpora.
"A criterio de esta parte no se verificaría hito o circunstancia alguna que permita habilitar la competencia del Tribunal y en consecuencia correspondería darle intervención a la Justicia Nacional Electoral con asiento en la ciudad de Buenos Aires", señaló el fiscal.
La denuncia fue realizada por el abogado Antonio Liurgo por presuntas irregularidades en el conteo y difusión de los datos de las PASO del pasado domingo.
"Las circunstancias denunciadas por Liurgo suponen cuestionar el modo en que fue presentado el escrutinio provisorio por la Dirección Nacional Electoral y por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación", sostuvo el fiscal en su dictamen que fue tomado en cuenta por el juez.
Liurgo denunció la presunta manipulación de datos electorales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y advirtió que los responsables, entre los que mencionó al propio presidente Mauricio Macri, podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual fraude.
El letrado, ex asesor ad honorem y amigo del ex diputado porteño Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) en la Legislatura porteña, advirtió sobre “una abortada información a la ciudadanía respecto a los resultados de las elecciones, manipulando los datos ingresados en forma direccionada en el centro de cómputos”.
“Esta anomalía que hemos presenciado por televisión, además de tratar de vender una realidad publicitaria en las primeras horas del recuento de votos, culminó con la abrupta decisión de suspender la carga cuando faltaban los votos donde el oficialismo indudablemente había perdido la elección”, añade el texto de la denuncia.
“El cercenamiento del acceso a la información constituye el incumplimiento de una obligación de los funcionarios en su deber de informar al pueblo”, añade el texto. “Esta abrupta decisión de omitir la información y judicializar sin incorporar la documentación que acredita puede constituir una maniobra de fraude”, concluyó.
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