Al número 2 de Julio De Vido lo trasladarán a la cárcel después de ser notificado en Tribunales. Está investigado por la contratación de barcos de gas natural licuado. Roberto Baratta no correrá la misma suerte que muchos de los exfuncionarios kirchneristas, que están presos en el penal de Ezeiza.
El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación quedará detenido en la cárcel de Marcos Paz después de ser notificado en los Tribunales de Comodoro Py. Se trata del mismo predio en el que está detenido el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.
Según trascendió, el hombre que fue mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido, ingresará a un programa especial de prevención de la corrupción. Baratta quedó detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio, en la causa que investiga la contratación de barcos de gas natural licuado.
El magistrado también ordenó embargarlo por mil millones de pesos. En su fallo, Bonadio también pidió la detención y procesó con prisión preventiva a De Vido.
A pesar de que el exministro enfrenta múltiples causas vinculadas a su trabajo durante el gobierno kirchnerista, todavía no podrá ser detenido porque tiene la inmunidad de arresto gracias a sus fueros como diputado.
Roberto Baratta aglutinaba áreas como las obras públicas y las políticas en energía y vivienda mientras estaba en el Ministerio de Planificación.
La Justicia investiga si hubo delito en la manera en la que la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) adquirió gas licuado para proveer al sistema energético nacional durante el kirchnerismo.
La denuncia fue presentada en 2014 por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el senador Federico Pinedo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; que en ese entonces eran diputados de la oposición. Pidieron saber si hubo "dádivas o sobornos" en las negociaciones para la importación de gas, a partir de una entrevista brindada al diario La Nación por el exministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, en octubre de 2014.
Dromi aseguraba ser asesor de De Vido y afirmó que los contratos no tenían los "códigos de transparencia" que la ley le exigía a Enarsa, y que el modo en que la Argentina compraba el gas no se ajustaba a la legislación local. (TN)
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