(U24) - La filtración de las imágenes del momento de la detención de Amado Boudou el viernes en su domicilio de Puerto Madero devino en la presentación de 2 denuncias penales. Ese día se difundieron fotografías y hasta un video del procedimiento ordenado por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
Por un lado, la defensa del ex-vicepresidente de la Nación hizo una presentación contra la Prefectura Naval, encargada del operativo, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia fue formulada por Eduardo Durañona y Alejandro Bisbal, abogados de Boudou, y por sorteo quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos.
Al mis mo tiempo, la defensa del ex-vicepresidente apeló la negación de excarcelación dictaminada por el juez Ariel Lijo.
Por otro lado, otra denuncia por la filtración de las fotos fue presentado por el abogado Marcelo Parrilli, que en este caso fue contra el juez federal Ariel Lijo, quien firmó la orden de detención, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tiene la jefatura política de la Prefectura.
Denuncia por avasallamiento de derechos y garantías contra el Juez Lijo y la ministra Patricia Bullrich. pic.twitter.com/tYjibdoszn
— Marcelo Parrilli (@parrillimarcelo) 6 de noviembre de 2017
Parrilli les imputa los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y apremios ilegal es a detenidos.
En el caso de Bullrich, el abogado y exlegislador porteño subraya que ya hay "antecedentes" y denuncia "la existencia de una política sistemática, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes también ilegalmente obtenidas en el momento de la detención de ex funcionarios del gobierno anterior".
Para Parrilli, esa "política sistemática" tiene "el solo objeto de someterlos al escarnio y humillación públicos y sin vinculación alguna con cualquier necesidad del procedimiento de aprehensión".
"Resulta evidente, a juicio del suscripto, que la Sra. Ministra por incurrir en alguna de las tres conductas previstas en el tipo, o en una combinación de las mismas, lo que se sabrá con la investigación a practicarse causa un grave perjuicio a la administración pública y concretamente, en el caso, a la administración de justicia", agrega la presentación. La denuncia de Parrilli quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini.
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