(U24) - Un cambio sustancial en el fútbol argentino está ahora en manos de Diputados, que tienen la responsabilidad de acabar, a través de una Ley, la violencia en el deporte más popular del país. En ese contexto, y debido a que la oposición y el oficialismo no lograron consensos en las comisiones de legislación penal y Deportes de la Cámara baja y la iniciativa no llegará al recinto el próximo miércoles 27/03 como estaba previsto, quieren hablar con los dirigentes.
El primer invitado será Rubén "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, que ayer 20/03 no estaba ni enterado del proyecto de ley que aumenta las penas por delitos ocasionados en espectáculos de fútbol, presentado por primera vez en el Senado 2016 y reflotado en diciembre en Diputados, tras la suspensión de la final de River-Boca en el monumental.
Tapia recién volverá el miércoles 27/03 de la gira por los amistosos de la selección y confirmará cuando podrá estar ante los diputados para explicar cuánto lo perjudica la violencia en los estadios. También serán invitados será Mariano Elizondo, presidente de la Superliga Argentina; Sergio Marchi, histórico titular de Futbolistas Argentinos Agremiados; y Fernando Beligoy, a cargo de la Asociación Argentina de Árbitros. Las reacciones fueron diversas.
El diputado Fernando Iglesias del bloque oficialista Cambiemos protestó esta medida y dijo que es una forma de dilatar y 'cajonear' la ley y acusó a los opositores de no querer brindar un dictamen para su votación en Cámara.
El Frente para la Victoria y el Frente Renovador saludaron esta posibilidad del debate para buscar un consenso y evitaron las chicanas y las acusaciones para no repetir los hechos bochornosos de la última reunión de Comisiones.
Luego, el también oficialista diputado Jorge Enriquez, se mostró más conciliador y recordó las palabras de Julio Grondona que le dijo: "La seguridad no es problema nuestro sino del Estado" y agregó que ese halo continúa en el discurso de los actores del fútbol.
Los puntos que evitan un acuerdo tienen que ver con las penas a los dirigentes, que van hasta 3 años de prisión para aquellos que financien a los barras o que le entreguen entradas. En este punto hubo planteos para que la normativa deje en claro a quiénes no pueden darle tickets.
Otro artículo de la discordia, y que más polémica genera, tiene que ver con la prohibición para que funcionarios públicos puedan ocupar cargos en las comisiones directivas de los clubes de Superliga y Nacional B.
Incluso, algunos dirigentes plantean que esa restricción es inconstitucional y adelantan que irán a la Justicia en caso que se apruebe. En principio quienes ocupen cargos públicos (nacionales, provinciales o municipales) no podrán integrar las comisiones directivas, aunque sí podrían ser representantes de socios.
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