INFORME DE OPINIÓN

La Argentina sumergida en la bipolaridad oficial

La muerte de cuatro personas luego de un violento desalojo por parte de la policía a un grupo de manifestantes que ocupaba tierras del ingenio Ledesma en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, volvió a abrir la polémica sobre la doble cara del kirchnerismo en cuanto a la protesta social. La enorme hipocresía que reina en el ámbito oficial ante un tema sensible para la sociedad, y por qué el progresismo kirchnerista se cae por el suelo producto de sus profundas contradicciones internas

Tomando las banderas históricas de los movimientos de defensa de los derechos humanos, el kirchnerismo llevó adelante desde su llegada al poder en mayo del 2003, un proceso de cooptación de sus dirigentes, lo que ha llevado a que los mismos se hayan mimetizado con el gobierno nacional, perdiendo cualquier tipo de credibilidad en su lucha.

Se vio lo que pasó en los últimos meses después de salir a la luz el enorme escándalo acaecido en la Fundación Madres de Plaza de Mayo que conduce Hebe de Bonafini con el dinero proveniente del Estado para la construcción de viviendas que supervisaba el ex apoderado de la fundación, el parricida Sergio Schoklender, y que sumergió al organismo defensor de los derechos humanos en la peor de las pesadillas y que hoy debe estar rindiendo cuentas ante la Justicia.

Una lucha que siempre estuvo identificada con los movimientos de pensamiento más progresistas de la Argentina, ha sido ahora tomada como un estandarte político a la hora de las elecciones para sumar votos por parte del kirchnerismo, y de esa manera conquistar a una parte de la clase media que identifica con la centroizquierda nacional, sector histórico de oposición al peronismo.

Pero a medida que pasa el tiempo, resulta más claro que el gobierno avanza en su enorme “bipolaridad” en lo referido a los conflictos sociales, ya que por un lado dice no reprimir la protesta ni las manifestaciones populares, pero por el otro se ve como ante el menor hecho de conmoción social se siguen las mismas recetas de los gobiernos anteriores, es decir, reprimir para sostener una hipotética calma social.

En el día de ayer, la violencia social volvió a hacerse presente en nuestro país, esta vez en la provincia de Jujuy, donde cuatro personas resultaron muertas y más de 30 heridas luego de un violento desalojo por parte de la policía a un grupo de manifestantes que ocupaba tierras de la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma, en la localidad de Libertador General San Martín.

En la Argentina de la segunda década del siglo XXI, el doble discurso y la doble moral parece estar más latente que nunca, sobre todo luego de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Las represiones a la Comunidad Qom de Formosa, lo vivido en Villa Soldati con la toma de terrenos públicos, la represión a la comunidad Diaguita-Calchaquí de Las Pailas en Salta, lo sucedido en Santa Cruz hace una semanas atrás con los obreros de la Uocra apaleando a los docentes en huelga, la represión a los maestros santacruceños frente al ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, más lo acaecido ayer en Jujuy, son algunas de las muestras de que los métodos represivos más que haberse acabado, parecen haberse perfeccionado en los últimos tiempos.

El oficialismo, que se ha denominado a sí mismo como “el gobierno de los Derechos Humanos”, no salió a criticar este accionar represivo de las fuerzas de seguridad de la provincia norteña, comandada por el oficialista Walter Barrionuevo, demostrando que cuando se es un enemigo político, como fue el caso de Mauricio Macri en la toma de terrenos en el Indoamericano, se sale enseguida a criticar la represión y los hechos de violencia, pero cuando se trata de amigos y adherentes al proyecto oficial, el silencio parece ser la práctica mejor usada por el kirchnerismo.

El propio Centro De Estudios Legales y Sociales, una liado al oficialismo, aseveró en un informe que el gobierno nacional “no reacciona cuando quienes reprimen son aliados políticos provinciales”, levantando honda polvareda al interior del Frente para la Victoria, que tiene entre sus aliados a hombres duros del peronismo más ortodoxo que no admiten reproches a sus gestiones y no dudan en utilizar la fuerza policial ante protestas que no le agradan.

Desde los organismos de derechos humanos que el gobierno todavía no ha podido cooptar, advierten que la no confrontación del gobierno con las protestas sociales se hace nada más que en territorio de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, mientras que en el interior del país hay una gran represión hacia los movimientos sociales y luchadores populares, y dan como ejemplo las más de 5000 causas que hay en la Justicia contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.

Un juego político peligroso el que propone el kirchnerismo por estos días, ya que el mismo puede salirle por la culata y acabar con las ilusiones oficiales de reelección de Cristina Fernández o de alguno de los hombres afines al pensamiento K, lo que traería la derrota total para un modelo que lleva más de ocho años en el poder, y que pocas soluciones ha dado a los problemas reales y urgentes de la Argentina. CNA