Decretar el domingo como día de guardar, antes de la Segunda venida de Cristo, es la gran apuesta del cambio que se propone la Iglesia Católica con Francisco I al frente.
Los concejales del bloque de Unión Pro, Alejandro Rosselló, Carlos Cardozo, Gabriel Chumpitaz, y el concejal radical, Martín Rosúa, presentaron un proyecto para que el Concejo Municipal pida a la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Católica y al Colegio de Abogados dictámenes sobre la constitucionalidad de la ley de cierre dominical sancionada por el Senado de la provincia.
“Tememos que la adhesión a esta ley, severamente cuestionada, genere la pérdida de puestos de trabajo en la ciudad, el cierre de pequeños comercios que funcionan alrededor de los supermercados y genere una cataratas de juicios contra el Estado y una batalla legal inútil”, apuntaron.
En tanto, el presidente del bloque del Pro, Alejandro Rosselló insistió en el trato desigual que se les da a los trabajadores si se permite que solo los supermercados cierren los domingos y dijo que “no estamos respetando los derechos de manera igualitaria para todos. Nos preguntamos porqué el trabajador de supermercado no va a ir a trabajar y la señora que atiende una panadería tiene que cumplir su jornada laboral”.
Por su parte, el edil radical Martín Rosúa puntualizó en la posibilidad que los trabajadores puedan decidir si quieren o no trabajar los domingos y dijo que “el trabajador tiene que poder elegir, tiene que tener el derecho a poder no trabajar sin que el empresario lo obligue y quien pretende trabajar los domingos porque obtiene el doble de remuneración y franco compensatorio, que pueda ejercer esa opción”.
“Estamos llevando adelante un debate sobre un tema profundo, no podemos tomar decisiones donde los únicos perjudicados van a ser los trabajadores. Un sueldo de empleado de comercio en muchos casos alcanza justo para vivir y trabajar los domingos es una ayuda para llegar a fin de mes”, continuó Carlos Cardozo.
Para finalizar, el concejal Gabriel Chumpitaz puso en duda nuevamente la constitucionalidad de la ley y dijo que“estamos trabajando sobre convenios colectivos de trabajo que se rigen por una ley nacional, con una ley provincial a la que tienen que adherir los municipios de acuerdo con lo que dictaminen sus concejos municipales”.
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