"Mi enfoque es desde la salud pública. Hay un problema con la mortalidad materna. Entre 1/3 y 1/5 de muertes maternas se mueren post-aborto ilegales. El último año hubo 55 mil internaciones post-aborto", remarcó al comenzar su radiografía de la situación que se vive a nivel nacional respecto de una polémica instalada en la sociedad.
"Cualquier proyecto que mejore el acceso y lo haga dentro de un marco legal favorece, como pasó en Uruguay y México DF", agregó tras su participación del debate en comisión durante el pasado jueves (17/11) para que avance el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que entró en un paquete de proyectos que serán analizados durante el 2017.
"Pero hay dos leyes que no están cumpliendo: una es la de salud sexual y reproductiva, que establece que el Estado tiene obligación de proveer los insumos para prevenir el embarazo no deseado. E l Gobierno no está distribuyendo preservativos por primera vez en 14 años", denunció González García al aire de FM FutuRock.
"En segundo lugar, la otra ley es la que establece una serie de interpretaciones que mejoran la interrupción legal del embarazo, tal como está hoy. No hay que cambiar ninguna ley. Pero esto no se aplica porque hay un protocolo nacional, que es como una guía", continuó.
"Vidal hizo dar marcha atrás con el protocolo para la interrupción legal del embarazo. Sólo 8 provincias argentinas tienen el protocolo. No se puede meter una religión para impedir que se aplique una ley. Hay muchas presiones externas contra esto de corporaciones como la Iglesia. Es una situación grave que hace años que venimos arrastrando. Esas cosas tienen que tener liderazgo de autoridad pública y hoy no la hay en el Gobierno", disparó.
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