El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso este lunes (10/07) el procesamiento de Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos.
Ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos. Este procesamiento se da en momentos en que De Vido está en el centro de la polémica, luego de que el fiscal Carlos Stornelli le pidiera al juez Luis Rodríguez que disponga su desafuero y detención en la causa que investiga irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La solicitud de Stornelli fue por presuntos delitos de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos". Pero Rodriguez consideró una exageración lo de Stornelli y negó el pedido.
De todos modos, Cambiemos tiene un plan B: accionar la expulsión de De Vido del seno de la Cámara baja.
Volviendo a la causa por los subsidios a las líneas de colectivos, Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
A ellos los embargó por sumas de hasta 900 millones de pesos. El fallo señala que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían.
A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade el fallo.
Con esta resolución Bonadio cierra la primera parte de la causa y en breve comenzarán a declarar en indagatoria los directivos de las empresas que se quedaron con los subsidios. Cabe recordar que el ex ministro de Planificación tiene 135 denuncias judiciales en su contra, por unos 30 delitos diferentes vinculados a la obra pública, el transporte, la energía y los vidriosos acuerdos con universidades públicas.
Además, tiene 26 imputaciones y está procesado en tres causas: la Tragedia de Once, por estrago culposo y administración fraudulenta; la compra de chatarra ferroviaria y por irregularidades en contratos de trenes.
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