El miércoles 5/7 la Cámara de Diputados aprobó una modificación del artículo 62 del Código Penal e introdujo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como así también elevó la pena mínima para aquellos funcionarios públicos que cometan este tipo de ilícitos para que no sean excarcelables.
A instancias del Frente Renovador, los legisladores incorporaron dos nuevos artículos en el proyecto de ley de régimen de responsabilidad penal empresaria.
"Hay muchos funcionarios que, una vez que se retiran del cargo, y han cometido delitos, siguen manteniendo vínculos con el Poder Judicial, que los tiene que juzgar, o con el Ministerio Público, que los tiene que acusar, para mantener impunidad. Con esta modificación, la acción penal no va a prescribir y se podrá investigar al funcionario hasta que se produzca una condena", enfatizó la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador.
El primer agregado declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública -violación de los deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, prevaricato, entre otros-.
El nuevo artículo obtuvo 123 votos a favor, 79 en contra y 14 abstenciones. Todo Cambiemos se pronunció a favor, a excepción de la radical Karina Banfi, que se abstuvo. Los rechazos fueron del Frente para la Victoria, la izquierda y otros bloques minoritarios.
En segundo término, se elevó a cuatro años el mínimo de la pena para todos los delitos de corrupción, como modo de garantizar que no sean excarcelables.
En este caso el kirchnerismo sí acompañó, y el agregado resultó con 195 votos positivos, 12 negativos –de la izquierda y el Movimiento Evita- y 9 abstenciones, entre las que volvió a figurar Banfi.
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