CONFIDENCIAL

DÍA CLAVE PARA EL DECRETO DE CRISTINA SOBRE ESTATALES
¿Jorge Landau (PJ-Bs.As.) o 'Wado' De Pedro (La Cámpora)?
 La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá hoy lunes 16/01 para analizar la legalidad del decreto que dispuso una revisión de pagos adicionales que perciben empleados de la administración pública. El cristinismo tiene 10 de los 15 miembros que la integran y le dará luz verde.  


 AGENCIA/CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Con amplia mayoría oficialista, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá hoy en un alto al receso de verano en el Congreso, para discutir el decreto del Poder Ejecutivo por el cuál se ponen a revisión algunos de los ítems que conforman el salario de los trabajadores estatales.

Serán 15 los legisladores que, junto a sus asesores, interrumpirán sus vacaciones para poner a tratamiento el DNU. Del total, diez son miembros de los bloques que el Frente para la Victoria (FPV) posee en Diputados y en el Senado, por lo que se prevé una aprobación sin trabas a la iniciativa oficial, que ya disparó un fuerte rechazo de los gremios. La medida generó reacciones en el sindicalismo ligado a la conducción de Hugo Moyano en la CGT, así como los de la CTA, pero recibió el apoyo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que agrupa a un sector de los estatales.

La bicameral se reunirá a las 18 horas en el Salón Arturo Illia de la Cámara de Senadores y se descarta que la presidencia de la comisión sea ejercida por un diputado oficialista, tal como ocurrirá con la mayoría de las comisiones del Congreso.

Ocurre que diciembre último, la bicameral  quedó integrada por 15 miembros de los cuales 10 pertenencen al oficialismo y 5 de la oposición.

Sin embargo, aún no está definido quién ocupará ese rol: la disputa se da entre el ultrakirchenrista y apoderado del PJ a nivel nacional, Jorge Landau y el camporista, Eduardo "Wado" De Pedro.

Esta comisión es una de las más trascendentes a nivel político ya que es la encargada de estudiar los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, incluyendo los DNU. Entre 2009 y 2011 la comisión no tuvo presidente debido a la paridad de fuerzas de oficialistas y opositores.

Dado que cada uno de esos espacios tenía ocho integrantes, la votación para elegir a la autoridad máxima de la comisión resultó en un empate que llevó a que se resolviera que la comisión tuviera dos secretarios: Diana Conti por el Frente para la Victoria, y Luis Petcoff por el lado de la oposición.

La última vez que la comisión Bicameral se reunió en el mes de enero fue en el verano de 2010, en el marco del conflicto desatado en el Banco Central tras la remoción del entonces titular, Martín Redrado.

El oficialismo, más sus aliados, reúnen a los senadores:  Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Guinle, Pablo González y María de la Rosa; y los diputados Jorge Landau, Eduaro De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y Agustín Rossi.

En la lista de opositores figuran los senadores radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. El único peronista disidente es el mendocino Enrique Thomas.

En el último día hábil de 2011, la Presidenta firmó un decreto de necesidad y urgencia que dispuso una ampliación presupuestaria de $ 22.000 millones y en uno de sus artículos estableció que desde el 1 de enero los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno para confirmar su procedencia o limitar su alcance.

Según esta medida, los distintos estamentos oficiales deberán remitir a la Secretaría de Hacienda los detalles de los pagos a sus empleados. Y será esa cartera la que los avale o anule. Esta situación ya trajo problemas en algunas oficinas. Sobre todo, entes descentralizados. Fue cuando, por primera en años, no se repartió entre sus empleados bonos de fin de año o los remanentes presupuestarios, algo que los gremios daban como derecho adquirido.

La decisión del Ejecutivo fue duramente repudiada por ATE que, tras declararse en estado de alerta, consideró que la medida "esconde un ajuste y un recorte salarial" y advirtió que “ninguna crisis, ni la emergencia económica, se enfrenta congelando o rebajando salarios, sino garantizando para todos los trabajadores estatales y privados salarios dignos.

En una posición similar, desde el moyanismo, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, calificó la norma como una nueva "demonización" de los sueldos".

También: "una película que ya vimos los argentinos".

"¿Hacía falta a un día de la operación a la presidenta sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales?, ¿quién quiere instalar la confusión?", se preguntó críticamente Piumato a través de su cuenta en twitter.

Sin embargo, desde UPCN, Andrés Rodríguez respaldó la decisión oficial al indicar que era un instrumento necesario para "cortar de cuajo la anarquía" que se registra con los adicionales salariales en el sector estatal.