 ( APe).- La reforma política tendrá su climax el domingo que viene, cuando estrene las primarias abiertas obligatorias para elegir a nadie. O para pre elegir y entregarles una encuesta precisa a algunos personajes que sólo se deben a su ombligo y apuestan a esa entelequia que llaman ciudadanía. Un todo inexistente que en la realidad se divide en trozos separados por abismos. Un todo que implica una fracción del país mientras que las restantes no saben qué votarán, para qué ni cómo. Las comunidades salteñas que sobreviven en los bosques nativos ni siquiera tendrán ese problema: la mayoría no tiene documentos. Otros, están presos por juntar palos y vender madera, único ingreso para evitar que sus hijos se mueran de hambre. El país son varios países. En campaña casi hasta fin de año, los candidatos ofrecen en la feria logros de gestión que no han logrado disipar la brecha monstruosa entre unos y otros; una seguridad vestida de uniforme que apunta con facilidad de gatillo a la pobreza criminalizada; discursos vacíos que no incluyen a los olvidados de la historia; agendas donde no aparecen los niños; certezas de que las alianzas serán siempre las mismas, con los mismos mandamases en las sombras, con el cuidado minucioso de garantizar que nada cambiará en lo profundo. Que la riqueza seguirá en las mismas manos y la pobreza, como una noche del mundo, será el destino de millones en los sótanos de la pirámide social. Todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros, reinterpretaría George Orwell la utopía constitucional de la igualdad de oportunidades y ante las leyes. Los más iguales y los menos iguales conforman el país de la profunda desproporción. De los favorecidos, que están notablemente mejor que hace diez años, y de los condenados, a quienes nada ni nadie les llega.
En sólo cuatro años desaparecieron en el país más de 1.100.000 hectáreas de bosques nativos. Las topadoras impunes arrasaron con forestación de décadas para enriquecer a un sector minúsculo de grandes productores sojeros.
Sólo en Salta, entre 2002 y 2006 se talaron 414.934 hectáreas de bosques nativos. En esos años se duplicó la tasa de desmonte respecto de 1998-2002. Inundaciones, cambio climático, tormentas feroces, desertificación y calamidades imprevisibles para un futuro cercano no movieron un pelo de los voraces concentradores de la riqueza sin freno, sin ley.
Después de años de lucha, se logró la reglamentación de la Ley de Bosques y Salta la puso en marcha a través de su Ordenamiento Territorial que impide toda actividad productiva en zonas determinadas por rojo y amarillo. Y así accedió a los fondos nacionales para el enriquecimiento y la conservación de bosques nativos que deberían llegar a las comunidades originarias. Que, lejos de recibir un peso, son castigados por el garrote de la ley con tanta fuerza como jamás esperarían los terratenientes que se cargaron los bosques y abrieron las puertas de la ira del cielo.
Viven en lotes fiscales de Santa Victoria Este y juntan palos y maderas para venderlas. Con la limitación de un padre de familia flaco y huesudo, en desamparo ante el mundo, armado con hacha y serrucho. Los sorprenden vendiendo la leña y los echan al calabozo. Con la liviandad que tiene la justicia ante los pobres. Con la eficiencia y la rectitud que suele tener la ley ante los desarrapados. Con la intransigencia y la moral inflexible de las autoridades ante los derrotados. Que sobreviven al fin y al cabo por su sociedad entrañable con la naturaleza. Porque mantienen la complicidad del jacarandá, que asoma siempre las flores cuando la gente anda triste.
En los lotes 55 y 14, identificados por el ordenamiento territorial con colores de alarma, viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906, según El Tribuno.
Les prohíben sacar madera de su propia tierra. Y los convierten en delincuentes marcados por la necesidad y la marginación histórica. La tala ilegal en los bosques y selvas del norte resignado –que de vez en cuando se brota y se levanta como en Jujuy y es disciplinado a palos y muerte- continuará mientras la ley mirará para otro lado como corresponde cuando a los delitos los cometen los poderosos. Pero caerá como un aluvión sobre la humanidad de los originarios que hachen las ramas de un guayacán para venderlas por unos pesos. Y comer en un hogar donde la ausencia de documentos implica la imposibilidad de la asignación por hijo, la identidad talada, la inexistencia misma.
“Si llegamos a voltear un árbol, puede ser que nos metan presos. Está todo prohibido para nosotros. No tenemos de qué vivir. Por eso tenemos a nuestros hijos desnutridos. Igual tengo que hacer algo. Tengo que hachar madera para mantener a los chicos. No tengo más de qué vivir. Soy del monte, vivo con madera”. Aurelio Ceballos, a El Tribuno.
Condenados con una perversidad ancestral a no tener nada en medio de la riqueza que brota y florece. Bajo sus pies circula silenciosamente el petróleo y corre como la buena sangre por las venas de la Pacha Mama una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Antes, hace años, diez años, cien años, mil años, ellos eran felices. Hacían el fuego con las ramas de las acacias, levantaban sus casas con cañas y algarrobo, cenaban carpinchos, se sacaban la tos con la quina, se curaban los huesos con arrobe del chañar y cambiaban troncos de casuarinas por cueros para el invierno. Ese tiempo feliz se quemó como el monte.
Ellos no saben siquiera que se vota el domingo. Los saben tan extraños como al dios que le venden. Como a la lengua que le impusieron. Como al complejo turístico cinco estrellas del cerro. Como a los genios del viento que se llevan las semillas a otro páramo, tan lejos, tan lejos de la vida.
Aunque nadie pueda quitarles, con palos y calabozo, la complicidad del jacarandá. |
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