 |
| MONZÓ / ,MICHETTI / DI PRÓSPERO |
(U24) - Entre gallos y medianoche, la semana pasada se presentó en el Parlamento el proyecto que crea el "Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones" para los trabajadores de planta permanente del Congreso de la Nación, que acordaron Gabriela Michetti (presidenta del Senado), Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados) y Norberto Di Próspero (líder del gremio APL, ex seguidor de Armando Boudou y hoy aliado PRO).
Esta iniciativa prevé otorgar un beneficio previsional adicional por arriba de la jubilación establecida por ley, y también otros beneficios, como pensión por invalidez y por fallecimiento. Este simpático y glamoroso hito populista de Cambiemos no fue advertido por la gran mayoría de los medios de comunicación.
De manera grosera, estos funcionarios PRO decidieron adelantar la Navidad ofreciendo un suculento “regalo” al sindicato: los aportes jubilatorios adicionales de los empleados serán, según su edad, del 2% al 4,5%, mientras que el beneficio extra que recibirán por ello será del 10% al 15% de su último salario, que se sumará a su jubilación.
Resulta obvio que Papá Noel milita en las filas de oficialismo. Del simple cálculo matemático es posible concluir que los números no cierran, y alguien deberá pagar la fiesta. Pues bien, el proyecto establece que el Congreso deberá transferir todos los meses de su presupuesto el 3% del total de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en el fondo compensador, es decir, este regalo lo pagaremos todos los argentinos con nuestros impuestos.
Gracias al dinero proveniente de los impuestos de millones de argentinos, los empleados del Congreso tendrán un beneficio de privilegio, por el que no aportaron, y ahora podrán jubilarse con el 72% de su último salario, mientras que antes lo hacían con el 54%.
Esto significa que sigue la fiesta de las jubilaciones de privilegio con el actual gobierno: le dan a grupos organizados y movilizados privilegios cuyos recursos provienen –vía confiscación- de los aportes que realizan amplias franjas de la población.
Este no es el único caso, sino que son muchos. Por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia se jubilan con el 100% de su salario, y los jueces con el 82%, a pesar de no haber realizado los aportes relacionados con esa cifra, ni pagar impuesto a las ganancias, tal como estamos obligados a hacer la mayoría de los argentinos.
¿De dónde provienen los recursos para pagar la fiesta de las jubilaciones de privilegio? La respuesta es sencilla: de los cientos de miles de trabajadores con salarios más altos y que más contribuyeron en términos de aportes previsionales y de pago de impuestos.
El gobierno le quita a ellos lo que le da a estas corporaciones. La segunda sorpresa que surge del regalo que el Estado le acaba de anunciar a los empleados del Congreso es que todos los fondos irán a un fideicomiso, cuyo agente fiduciario será un banco público.
Este “fondo compensador” no tiene cuentas individuales, nominadas (como cuando estaban las AFJP). De hecho, si los empleados se retiran anticipadamente pierden el derecho a tener una mayor jubilación. Es decir, esta iniciativa establece una especie de Fondo de Reparto, financiado con el presupuesto nacional, con fondos beneficiarios específicos.
Nos preguntamos entonces: ¿para qué está el ANSeS? En los hechos, es como volver al derogado esquema de funcionamiento de las AFJP, pero camuflado, para que no se note, porque un banco oficial será el administrador de los fondos.
Finalmente, la tercera sorpresa que depara este proyecto es que se le permitirá a este grupo corporativo, como privilegio, un derecho que se le denegó al grueso de la población: a los empleados del Congreso de la Nación le abren una “ventanilla” para que realicen aportes adicionales (en verdad, parte provienen del Estado, como dijimos) para sumar un “plus” a su jubilación y aspirar, de esta manera, a un retiro más razonable.
Hemos mencionado en estas páginas el bochornoso caso del reciente fallo “Gualtieri”, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia avaló recientemente la confiscación a manos de la ANSeS de miles de millones de pesos de aportes previsionales voluntarios efectivamente realizadas por más de 400.000 argentinos en las décadas pasadas, que ahora tendrán una jubilación reducida igual al 26% de su último salario, la mitad de lo que hubiera correspondido por las contribuciones depositadas.
A ellos no le abrieron la “ventanilla”, es decir, no les permitió complementar los aportes adicionales que venían haciendo y que el cambio de legislación prohibió, por lo que perdieron todas las contribuciones depositadas con anterioridad.
Ésta, bien podría ser la síntesis de la estafa jubilatoria que padecemos la mayoría de los argentinos:
* El Poder Ejecutivo y el Congreso abren la “ventanilla” solo para las corporaciones con poder (algunos gremios fuertes, miembros de la Corte Suprema y jueces, empleados del Parlamento, etc.), de tal manera de convalidar mayor jubilación a pesar de no haber hecho los aportes previsionales para ello;
* la ANSeS confisca los fondos a los sectores de la población (que no está organizada como grupo y no puede hacer oír su voz) que sí hizo los aportes, y
* que por lo tanto menos recibe; el Poder Judicial convalida, eso si, luego de ser parte de la misma fiesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario