Julio De Vido ya tiene nuevos abogados que lo representen en una de las causas que más lo preocupan y cuyo juicio oral comenzará la próxima semana: la tragedia de Once.
El exministro de Néstor y Cristina Kirchner será patrocinado por los letrados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.
Rusconi es conocido, entre otras cosas, por ser el abogado defensor del técnico informático Diego Lagomarsino, quien le suministró a Alberto Nisman el arma de donde salió el disparo que terminó con su vida.
Por el hecho de haberle prestado el arma al exfiscal de la causa AMIA Lagomarsino está imputado.
Rusconi también es abogado del empresario K Lázaro Báez en varias causas. Si bien, en principio, los abogados representarán a De Vido en el juicio por Once no se descartaba que asuman el resto de las causas, según trascendió.
"Le pedimos al tribunal que nos dé unos pocos días para poder al menos sacar fotocopias del expediente y leerlo, pero tiene una postura bastante tomada y no sabemos si va a (acceder a) postergarlo", sostuvo Rusconi en declaraciones a la agendia DyN.
Los anteriores defensores de Julio de Vido –Adrián Maloneay y Julio Virgolini- habían presentado varios planteos para intentar frenar el juicio oral y hasta llegó a pedir que el diputado sea sometido a un juicio por jurados.
Todos fueron rechazados por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez.
La renuncia de ambos asesores letrados pareció el último intento para demorar el inicio del proceso judicial, pero el TOF 4 notificó al diputado nacional para que designara nuevos representantes en un plazo de 3 días; en caso de no haberlo hacer lo, se le habría asignado un abogado oficial.
Además del actual diputado nacional del Frente para la Victoria, será juzgado Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) cuando ocurrió la tragedia.
Según la acusación, Simeonoff conocía el "deficiente estado del material rodante de la concesionaria" TBA y el "sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio", a pesar de lo cual no impulsó sanciones contra la empresa.
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