CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- En la previa a la presentación del proyecto de Presupuesto 2016, el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue intimado por la Justicia para informar en el lapso de 5 días hábiles, la cantidad de pobres en el país así como también los valores de los precios al consumidor de los productos que se utilizan para calcular el IPCNU (la nueva medición del índice de precios al consumidor con la cual el gobierno intentó reemplazar al viejo índice).
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, intimó al Ministerio de Economía a que informe en 5 días los datos oficiales de la pobreza.
El funcionario se había negado a revelar esa información por considerar que eran datos “estigmatizantes” para las personas en la pobreza.
La decisión de Sarmiento se derivó de una medida cautelar presentada por la legisladora y candidata a diputada nacional por el Frene Progresistas, Victoria Donda.
La magistrada le pidió también al Ministerio de Economía que difunda en el mismo plazo de cinco días hábiles "los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero".
Sarmiento recordó que está constitucionalmente regulado "el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo"(de hecho lo está desde la administración de Néstor Kirchner pero el kirchnerismo nunca se esmeró mucho en cumplirla).
"Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado", remarcó la jueza.
"El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan", añadió la magistrada.
El mes pasado, el Ministerio de Economía había rechazado un pedido de hábeas data presentado por Donda para acceder a los datos oficiales de pobreza e indigencia por considerar que Donda no acreditó "interés legítimo" en su solicitud y que buscaba "posicionarse electoralmente" y en los medios de comunicación.
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