(U24) - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanza con una investigación a fondo de los empresarios anotados en los cuadernos Gloria por el chofer Oscar Centeno. Si bien la gran mayoría se arrepintió y confesó pago de coimas, Leandro Cuccioli y su tropa desconfían de los montos y propone sumarse a la investigación.
Los blanqueos son una de las claves para saber los montos reales que manejaban en negro las empresas. Según Ámbito Financiero, Cuccioli armó un flamante Grupo de Acción Fiscalizadora (GAF) que se concentrará exclusivamente en organizar, caso por caso, las presentaciones judiciales ante violaciones múltiples a las leyes impositivas, especialmente la Ley Penal Tributaria.
Luego de varias semanas de evaluación interna, Cuccioli y sus principales asesores en delitos impositivos concluyeron que el organismo tendrá la obligación legal de realizar su propia investigación y posterior presentación judicial, ante la existencia de inevitables violaciones a las leyes tributarias.
Y según los tiempos que maneja Cuccioli, lo más probable es que una vez que queden firmes las declaraciones de los empresarios y sus confesiones, y que Bonadio establezca el monto que estos aportaron a los funcionarios para acelerar obras públicas, campañas políticas, salvaciones en países latinoamericanos o cualquier otra opción; esa información será girada a la AFIP y la GAF comenzará a trabajar directamente sobre las compañías involucradas, sus directorios y la propia empresa.
Facturas truchas, proveedores que no existen y empresas fantasmas son algunas de las claves para analizar los números. Básicamente, quien confiese sabe que será imputado impositivamente por haber pagado las coimas, en tanto que la compañía sería imputada por la omisión del impuesto; aplicándose seguramente la ley penal tributaria agravada.
A su vez, dicho medio agrega que la ley se aplica cuando el delito supera los 4 millones de pesos; que a la cotización del viernes representaría unos 130.000 dólares. Hasta lo que se conoce, todos los arrepentidos superarían este monto.
Se trata de un caso muy sensible porque el juez Claudio Bonadio podría pedir levantar el secreto fiscal para las empresas y los empresarios implicados que incluso blanquearon durante este gobierno y allí podrían aparecer otra vez nombres y apellidos muy cercanos a la Casa Rosada.
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