NEGOCIOS

Una ley para proteger a los usuarios de la telefonía celular

 Un proyecto con estado parlamentario crea un sistema que le otorga una bonificación general a los usuarios de telefonía móvil, en sus distintas variantes, cuando se ven imposibilitados de utilizar su celular o servicio similar por falta de provisión técnica de parte de las prestadoras.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La vorágine de las empresas de maximizar sus ganancias, las llevó a sobrevender más unidades que la capacidad instalada de sus redes para una correcta atención. En más,  en muchos lugares del país las empresas no tienen instaladas las antenas para la correcta atención de los celulares de última tegnología. Muchas veces, cada vez más, cuando un celular sale de área de cobertura, se queda sin la señal correspondiente y los reclamos de los usuarios nunca son resueltos por las empresas prestadoras del servicio.

 

Por esto, a fin de evitar la frustración del derecho de los consumidores, la diputada Stella Maris Córdoba (Frente para la Victoria-Tucumán), presentó un proyecto que crea un sistema que le otorga una bonificación general a los usuarios de telefonía móvil, en sus distintas variantes, cuando se ven imposibilitados de utilizar su celular o servicio similar por falta de provisión técnica (bastimento) por parte de las prestadora.

 

Los fundamentos expuestos por la diputada Córdoba, forman parte de los permanentes y diarios reclamos que los usuarios argentinos realizan personal o telefónicamente por fallas o deficiencias en la prestación del servicio por parte de las compañías que operan en Argentina.

 

Córdoba fuandamento su proyecto bajo los preceptos de la Artículo 42 de la Constitución Nacional en el cual se establecieron los lineamientos básicos para la defensa de los derechos de los consumidores: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control".