La jueza kirchnerista de Casación, Ana María Figueroa, empezará el 2017 con un dolor de cabeza. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le iniciará juicio político por mal desempeño.
Es que de acuerdo surge de una auditoría aprobada por el Consejo de la Magistratura, hay varias causas donde la magistrada federal que preside la Sala I de la Cámara de Casación cometió irregularidades procesales.
"Figueroa es miembro de una sala de Casación y demoró injustificadamente varias audiencias, que es un requisito indispensable para sacar una sentencia", informó Lipera.
Figueroa fue señalada además por la maniobra que intentó desplazar a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky del tribunal que debe resolver si se reabre la causa iniciada por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández y otros dirigentes ligados al Frente para la Victoria.
La jugada se consumó a medias: si bien logró desplazar a los jueces, Hornos y Borinsky resistieron la presión y participaron de la audiencia en la que se analizó el tema. La resolución sobre el futuro de la denuncia debería salir en los próximos días.
Los magistrados ya tienen su voto escrito; Figueroa dijo que recién después de sus vacaciones se expedirá. Figueroa fue nombrada jueza por Cristina luego de un paso por la Secretaría de Derechos Humanos como asesora.
Llegó a la máxima instancia penal del país sin antecedentes en otros tribunales inferiores, y en pocos años acumuló varias actuaciones polémicas.
'La Negra', como le dicen en Casación, es reconocida por su afinidad con Carlos Zannini, el ex secretario de Legal y Técnica de Cristina. Quizás esa aceitada relación fue la que la ayudó a convencerse el año pasado para votar a favor del apartamiento de Claudio Bonadio de la causa Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros de la familia de la ex Presidente.
Su nombre llegó a la tapa de los diarios cuando participó de una extraña maniobra que terminó con el apartamiento de Luis María Cabral de la Sala I en momentos que la Cámara debía expedirse sobre la inconstitucionalidad del Pacto con Irán.
El memorándum finalmente perdió eficacia jurídica con la asunción de Cambiemos en el gobierno nacional. También registró recientemente una llamativa curiosidad que está vinculada con un cheque por $530.000 que llegó desde el Consejo de la Magistratura.
Se lo había enviado la anterior presidente, Gabriela Vázquez, para pagar muebles nuevos en la Sala I. Pero como la obra se hizo sin licitación ahora la arquitecta no quiere recibir el dinero.
El "malentendido" podría derivar en una causa en su contra. Por su escritorio volverán a pasar las apelaciones de Hotesur antes de que el caso sea elevado a juicio oral y la causa del dólar futuro que tiene a Cristina procesada y embargada.
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