El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregando su voto en el Parlament |
(U24) - El Parlamento catalán aprobó esta mañana (27/10) por 70 votos contra 10 una resolución que insta al gobierno regional a iniciar un proceso constituyente para Catalunya y cuyo preámbulo, que fue leído ante el pleno, proclama la "república catalana como Estado independiente y soberano".
Los 70 votos a favor fueron secretos, lo que generó polémica y sospechas. Hubo diez en contra y dos abstenciones.
La propuesta de Junts pel Sí y la CUP propone declarar la independencia y abrir un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república".
El texto insta, además, al Govern a desplegar la ley de transitoriedad. La oposición se ha ausentado en el momento de la votación. El voto secreto se pidió en una votación nominal y en urna con el fin de evitar posteriores acciones penales tras la advertencia de los servicios jurídicos del parlament de que el texto no podía votarse debido a que la ley en la que se sostiene está anulada por el Tribunal Constitucional, explicó el diario El País de España.
Rápidamente se pronunció Mariano Rajoy a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además adelantó la intervención de Catalunya: “Pido tranquilidad a todos los españoles.
El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña”. El presidente había pedido aplicar el Artículo 155 de la Constitución ante “un proceso continuado de decisiones antidemocráticas”.
En tanto, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó que el Gobierno "restaurará la legalidad" en Cataluña en "cuestión de horas" y lo hará tomando "las decisiones que tenga que tomar".
"Así que tranquilidad", ha añadido Maíllo en declaraciones en la Cámara Alta minutos después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado la independencia.
Tras seis horas de debate, el Senado aprobó activar el 155 por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención que supone el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán Y la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, entre otras consecuencias
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