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| NATALIA VOLOSÍN, especialista en corrupción |
Por PILAR GONZÁLEZ JÁUREGUI Licenciada en Comunicación Social por UCES, con estudios en Universidad Camilo José Cela (Madrid, España).
(U24) - Son muchas las causas de corrupción por obra pública que involucran a ex funcionarios como Cristina Fernández, Julio De Vido y José López, ambos detenidos, y empresarios del mundo K como Lázaro Báez, también en prisión.
En medio de los procesos judiciales que deben enfrentar muchos de ellos, Natalia Volosin, especialista en corrupción, habló con Urgente24 sobre cómo está diseñado el sistema de licitaciones, cuál es la responsabilidad de empresarios y funcionarios, y cómo funcionan los organismos de control con el nuevo gobierno.
-El sistema de licitaciones, ¿está diseñado para garantizar la corrupción?
-No diría que está hecho para garantizar la corrupción pero lo que sí es claro es que no está hecho para prevenirla. El sistema de compras y contrataciones en la Argentina es uno de los más precarios de América Latina y el Caribe.
Cada provincia tiene su régimen como así las empresas del Estado. Eso hace que la arbitrariedad y la discrecionalidad sean mucho más fáciles. El acceso a la información y las posibilidades de participación ciudadana para controlar y monitorear son mínimas y limitadas.
En todas las etapas de un típico proceso de compras o de obra pública, hay un montón de agujeros negros que el sistema no se encarga de ir cubriendo. Entonces, no es que el sistema esté pensado para la corrupción pero no está pensado para prevenirla. Las causas o los hechos de corrupción política grande en la Argentina en los últimos 50 o 60 años están vinculados directamente a la precariedad del sistema de compras y obra pública.
Cada uno de los casos de corrupción se explica por algún agujero que tiene el sistema. Otra de las precariedades es que hay una cantidad enorme de excepciones que te permiten hacer una contratación directa. Aun cuando el sistema penal fuera todo lo honesto y eficiente que quisiéramos, igual va a llegar tarde porque se activa cuando los hechos ya ocurrieron, y los hechos causan daños en la sociedad, que afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.
-¿Pueden prescribir las causas de corrupción por obra pública?
-Depende cuáles, cada una tiene sus particularidades. Hay que mirar cuáles son los delitos que se imputan, cuándo se empezaron a investigar.
-En las causas de corrupción, ¿quién tiene más responsabilidad, el empresario o el funcionario?
-Las responsabilidades son compartidas, son parte de un sistema y los dos se benefician. No hay uno que es más responsable que otro. Desde el punto de vista penal hay distintas responsabilidades, dependiendo del delito. En la medida en que los funcionarios, sobre todo los que son elegidos, reciben un mandato de la ciudadanía a través del voto, hay una responsabilidad adicional para mí, pero desde el punto de vista jurídico no.
-¿Cambió el funcionamiento de los organismos de control con el nuevo gobierno?
-Los organismos de control, en general, nunca funcionaron salvo la Auditoría General de la Nación (AGN), que funciona porque tiene una estructura institucional que está pensada de otra manera. Durante el gobierno kirchnerista, está demostrado que es el único que funcionó. La Oficina Anticorrupción no es un organismo de control porque nadie puede controlarse a sí mismo.
Si su titular es designado y removido por el Presidente, si no tiene presupuesto propio, si no tiene autarquía administrativa, no es un organismo de control. El déficit en la Argentina en materia de organismos de control es enorme y sigue siéndolo.
-¿Los que otorgan las licitaciones son los mismos que controlan?
-No son los mismos, pero quienes debieran controlar, salvo la AGN, ninguno tiene una estructura institucional pensada para darle incentivos a quien está a cargo de ese organismo. Además de falta de incentivos, muchas veces no hay capacidades técnicas o recursos. Entonces, lo único que queda son algunas organizaciones de la sociedad civil y la oposición cuando es oposición.
-¿Cómo ves la gestión de la Oficina Anticorrupción?
-La dirección de investigaciones, con el cambio de gobierno, está funcionando bien. Me gusta ver a la Oficina Anticorrupción presentándose como querellante en las causas, pero no me gusta ciertas selectividades para intervenir en algunas de ellas y no en otras, en materia de investigaciones. Tampoco me gusta lo que no están haciendo en materia de prevención que sería lo más importante.
-¿Considerás que hay más voluntad política, respecto al gobierno anterior, para combatir la corrupción?
-Me parece que el gobierno kirchnerista no tenía ninguna voluntad de combatir nada, al contrario. Y me parece que este gobierno tiene cierta voluntad de que las causas penales avancen, no sé si porque eso le parece bueno para la sociedad, porque le conviene electoralmente o porque es lo que la sociedad reclama. En cualquier caso, lo celebro. Pero debería avanzar no por voluntad del Poder Ejecutivo sino porque hay fundamentos jurídicos.
-¿Cómo se ubica la Argentina en el tema corrupción respecto al resto de América Latina?
-La corrupción no se puede medir porque ocurre en situaciones de clandestinidad. Lo que se mide son percepciones de corrupción y nos va muy mal. Yo soy bastante crítica del Índice de Percepción de Corrupción porque tiene problemas metodológicos serios. Más allá de eso, el índice es útil porque, por lo menos, una vez al año ponen el tema en la tapa de los diarios. En este sentido, los mejores de la región son Chile y Uruguay, y nosotros estamos cerca de Brasil y México.
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