El Juez Giorgi pidió copias de los contratos firmados por Madres con las provincias
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos del Estado nacional, solicitó además una copia del expediente que tramita Norberto Oyarbide.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Martínez Giorgi realizó el pedido, este miércoles (08/06), a las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios: Ezeiza, Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche. También pidió que se le remitan los antecedentes de las construcciones que suscribieron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El magistrado quiere determinar si las viviendas construídas cumplen con las características, el número y el valor de las mismas.
Además libró informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer los antecedentes del programa Misión Sueños Compartidos, que desarrollan las Madres.
Otros oficios fueron dirigidos a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) para conocer los controles y las auditorías realizadas en la construcción de las viviendas que estipulan esos contratos.
El juez también solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para determinar si en el sistema financiero hay cuentas bancarias que se encuentren a nombre de Misión Sueños Compartidos.
Todas estas acciones de Martínez de Giorgi no hacen más que cumplir con los requerimientos del fiscal Miguel Ángel Osorio, quien quiere que se investigue “a quienes hubieran firmado los contratos”, ya sean funcionarios del sector público como a los directivos de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini.
Resultó sugestivo que el juez pidiera además una copia del expediente que lleva adelante Norberto Oyarbide, quien investiga a los hermanos Schoklender y a otras siete personas.
Ocurre que Martínez de Giorgi concentra su línea investigativa en los funcionarios públicos ya que su causa busca determinar si se cometió el delito de defraudación fraudulenta de fondos públicos, malversación de caudales, defraudación a la administración y abuso de autoridad en la entrega del dinero, mientras que Oyarbide se concentra en los hermanos Schoklender por presunto lavado de o sustracción de esos fondos destinados a la construcción de viviendas.
El pedido de expediente se debe a que Giorgi quiere saber si su colega tiene datos sobre los contratos con las provincias y los municipios, que pueda utilizar en su pesquisa.
El pedido a las provincias y municipios mencionados están contenidos en la denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale, y que dio inicio a la causa que sigue Giorgi. Vitale apunta a la contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas contra diferentes funcionarios nacionales y contra la presidente de Madres, Hebe de Bonafini.
Los aviones de Schoklender no aparecieron, pero si el yate
El magistrado quiere determinar si las viviendas construídas cumplen con las características, el número y el valor de las mismas.
Además libró informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer los antecedentes del programa Misión Sueños Compartidos, que desarrollan las Madres.
Otros oficios fueron dirigidos a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) para conocer los controles y las auditorías realizadas en la construcción de las viviendas que estipulan esos contratos.
El juez también solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para determinar si en el sistema financiero hay cuentas bancarias que se encuentren a nombre de Misión Sueños Compartidos.
Todas estas acciones de Martínez de Giorgi no hacen más que cumplir con los requerimientos del fiscal Miguel Ángel Osorio, quien quiere que se investigue “a quienes hubieran firmado los contratos”, ya sean funcionarios del sector público como a los directivos de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini.
Resultó sugestivo que el juez pidiera además una copia del expediente que lleva adelante Norberto Oyarbide, quien investiga a los hermanos Schoklender y a otras siete personas.
Ocurre que Martínez de Giorgi concentra su línea investigativa en los funcionarios públicos ya que su causa busca determinar si se cometió el delito de defraudación fraudulenta de fondos públicos, malversación de caudales, defraudación a la administración y abuso de autoridad en la entrega del dinero, mientras que Oyarbide se concentra en los hermanos Schoklender por presunto lavado de o sustracción de esos fondos destinados a la construcción de viviendas.
El pedido de expediente se debe a que Giorgi quiere saber si su colega tiene datos sobre los contratos con las provincias y los municipios, que pueda utilizar en su pesquisa.
El pedido a las provincias y municipios mencionados están contenidos en la denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale, y que dio inicio a la causa que sigue Giorgi. Vitale apunta a la contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas contra diferentes funcionarios nacionales y contra la presidente de Madres, Hebe de Bonafini.
Los aviones de Schoklender no aparecieron, pero si el yate
El miércoles (08/06) el aeropuerto de San Fernando fue allanado por Prefectura Naval y Policía Federal, por orden del juez Norberto Oyarbide en busca del avión Cessna Citation I de matrícula LV-BXH que pertenecería a la empresa Meldorek SA del ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
Según las revelaciones de los últimos días, al aeronave es propiedad de la empresa Meldorek SA, de la cual Sergio Schoklender es dueño del 90% de las acciones.
El allanamiento se produjo luego de que la Justicia recibiera este miércoles (08/06) a la mañana información de que la aeronave se encontraba en un hangar del aeropuerto, según detallaron a Infobae fuentes judiciales.
De acuerdo a las denuncias conocidas en los últimos días, además de un avión, Meldorek cuenta además con un yate de valuado en 420 mil dólares, un automóvil Porsche 911, una chacra en Chubut y una aeronave Piper matricula PA-31T.
En los últimos días, y también por orden de Oyarbide, se realizaron allanamientos en oficinas de Meldorek en busca de documentaciones.
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