ESPAÑA: 18 HERIDOS

Una represión de "indignados" en Valencia provocó choque del PP contra el PSOE

Cada vez que los "indignados" españoles comienzan a aplacarse, una represión los regresa con furia. Ocurrió en Barcelona y ahora en Valencia. Unas 18 personas han resultado heridas en altercados durante la manifestación ante las Cortes Valencianas. El choque se ha producido hacia las 13:30, a escasos metros de la entrada principal de la cámara, mientras ésta se constituía para la 8va. legislatura con una decena de implicados e imputados por casos de corrupción en los escaños. 

Un choque de la Policía Nacional española contra "indignados" en Valencia ha dejado al menos 10 manifestantes heridos (uno con el brazo roto) y 8 agentes contusionados. 

La policía mantiene que con la intervención se ha respondido a una agresión, mientras que los de Acampada Valencia lo niegan. 

 

En respuesta a los altercados, unas 1.000 personas marcharon hasta el Gobierno valenciano a reclamar, y desde ahí a la comisaría donde 5 manifestantes permanecen detenidos.

 

Una de las primeras reacciones políticas a los altercados fue la del vicesecretario de Comunicación del opositor Partido Popular, Esteban González Pons, quien ha acusado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "ignorar" la protesta de la Puerta del Sol de Madrid y de excederse en Valencia, donde su actuación consistió en "tolerar una carga policial" para disolverlos "a palos".

 

Era previsible la carga del PP porque Pérez Rubalcaba es el presidenciable del Partido Socialista Obrero Español que competirá con Mariano Rajoy, del PP.

 

Luego, Valencia es territorio del PP, y es evidente que unos quieren responsabilizar a otros.

 

"Entre no hacer nada en la Puerta del Sol y las cargas policiales en Valencia o Barcelona existen multitud de espacios intermedios", dijo Pons en una entrevista con la radio Onda Cero. 

 

El responsable de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, agregó que si Alfredo Pérez Rubalcaba no fuera el candidato del PSOE en las próximas generales, resolvería las concentraciones de los "indignados" del 15-M con "mano izquierda".

 

Rubalcaba "o no hace nada o se le va la mano con la Policía, en lugar dedicarse a resolver un problema que empieza a ser un problema de todos", dijo Pons, quien subraya que en la Comunidad Valenciana "a la Policía la manda el ministro del Interior y la delegada del Gobierno", sin que sea "responsabilidad del PP". 

 

Los indignados piden ahora la dimisión de la Delegada de Valencia (del PP) y "quien debería responder es el ministro del Interior", añade Pons.

 

En Madrid, en la vapuleada Puerta del Sol, la situación provocó una convocatoria a deliberar al grito de "Tocáis a unos, tocáis a todos".

 

Quieren ir al Legislativo español a protestar.

 

"Acampada Sol se solidariza con Acampada Valencia. Queremos dejar clara nuestra repulsa por la violencia utilizada por la Policía en el desalojo de la concentración", dijo un joven 'indignado'  encargado de leer un manifiesto en la plaza madrileña.

 

Asimismo, los acampados en Sol exigen en dicho comunicado "la inmediata liberación de los compañeros detenidos (en Valencia), así como el sobreseimiento de los cargos de los que se les acuse. Los compañeros estaban ejerciendo el libre derecho de reunión reconocido en la Constitución de todos los españoles", ha continuado la lectura.

 

Lo que dice la ley

 

El Código Penal fija penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses para aquellos quienes promuevan, dirijan o presidan "manifestaciones u otra clase de reuniones" ante la sede del Congreso, el Senado o las Asambleas autonómicas, que "alteren el normal funcionamiento" de la institución, siempre que ésta esté reunida, informa Europa Press.

 

El mismo código establece que el que injurie gravemente a las Cortes Generales, hallándose en sesión, o a alguna de sus comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

 

Además, prevé penas de prisión de 3 a 5 años para los que invadan con "fuerza, violencia o intimidación" la sede del Congreso, si está reunido, los que intenten hacerlo portando armas u otros instrumentos peligrosos o quienes empleen "fuerza, violencia intimidación o amenaza grave" para impedir a un miembro del Congreso asistir a sus reuniones.

 

Al margen de estos delitos, la legislación prevé sanciones por infracciones administrativas para quien promueva concentraciones sin la pertinente autorización gubernativa, que en este caso compete a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.