CLAVES

DECISIVO ENERO-JUNIO
El semestre del ajuste

Vértigo provoca en muchos el escenario para el 1er. semestre de 2012. Es más: marzo provoca zozobra. Al respecto, muy interesante el texto distribuido por la consultora Massot & Monteverde. 


 AGENCIA/CIUDAD DE BUENOS AIRES (InC.). Cuanto suceda en el curso del año estará compendiado en el primer semestre. No significa
lo antes expresado que —pasado junio— nada importante o novedoso sucederá entre nosotros. Por de pronto, los imponderables están a la vuelta de la esquina y no avisan. Que lo diga si no Cristina Fernández.

Los seis primeros meses marcarán a fuego el año 2012 en razón de que el ajuste en curso comenzará a percibirse en toda su magnitud recién en marzo. El aumento de las tarifas de los servicios públicos y el del boleto del subterráneo impactarán después de las vacaciones, pero a ello será menester agregarle la apertura de las paritarias, el comienzo de las clases y los incrementos en los medios de transporte alternativos, como el colectivo y el tren, en las telefonías celulares, las cocheras, patentes, expensas, útiles escolares y medicina prepaga.

Ya ha comenzado la discusión salarial entre los docentes y el gobierno nacional, que bien podría considerarse un caso testigo. Luego, durante marzo y abril, serán materia de negociación el resto de los convenios colectivos vigentes. La pulseada a nivel general encontrará a la administración kirchnerista y al grueso del empresariado de un lado de la mesa y a los gremios del otro. El aumento de 18% como máximo es la cifra que barajan aquéllos. Éstos, en cambio, se sentarán con un número algo mayor en la cabeza: 25%.

Si las estimaciones de todas las principales consultoras económicas llevan razón, los precios subirían este año 25 %. Difícilmente, pues, los representantes sindicales se bajen de su posición de mínima. Con la particular coincidencia de que la inflación de 2012 estará directamente relacionada con lo que se decida en las paritarias y, a su vez, cuando éstas comiencen su tarea los reclamos de los trabajadores se hallarán atados a los pronósticos sobre el alza del costo de la vida que se conocen. Algo de todo esto tuvieron seguramente en cuenta los aceiteros que ya cerraron un aumento de 24%.

Nadie predice catástrofes. Sí problemas derivados de lo que hemos definido como la administración de la escasez. El gobierno tendrá que hacer frente a un escenario inédito y, en correspondencia con el mismo, deberá recortar y ajustar sus gastos. Un dato basta para ilustrar lo dicho: en el último trimestre de 2011 casi todos los expertos vaticinaban una cosecha récord de alrededor de 110 millones de toneladas. Pero hizo irrupción La Niña, con una sequía descomunal, y las previsiones desaparecieron sin dejar rastros. Seguramente no alcanzaremos los 100 millones de toneladas y ello representará una merma de al menos US$ 3.800 millones para el país. Y el Estado dejaría de recaudar un mínimo de US$ 1.500 millones.

La estrategia del gobierno no tiene secretos. Desde finales del año pasado, inmediatamente después de que se substanciaran las elecciones presidenciales, puso en marcha lo que denominó sintonía fina, delegó en Guillermo Moreno el manejo de la economía real, cerró prácticamente las importaciones y decidió vivir con lo nuestro, según la recordada frase de Aldo Ferrer.
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El plan con arreglo al cual Cristina Fernández ha decidido capear el temporal es un viejo conocido de los argentinos pero, las veces que resultó aplicado, lo fue en un contexto muy distinto del actual. Las circunstancias económicas pudieron ser similares. Las políticas son diferentes.

Cuando, en décadas ya transcurridas, gobiernos de variadas observancias ideológicas inauguraron lo que Moreno acaba de reeditar, el poder político con el que contaban no era ni remotamente tan robusto como el del kirchnerismo. En ello radica la asimetría.

Desde 1955 a la fecha nunca hubo aquí —fuera del que tuvo el Proceso militar— un gobierno con tanto poder. Si hubiese que definir la índole del régimen político vigente en la Argentina deberíamos hacer referencia al cesarismo democrático. El dominio de la calle, del Tesoro, de la justicia federal, del Consejo de la Magistratura y del Congreso Nacional, que la administración cristinista ejerce en plenitud, le dan a ésta un margen de maniobra amplísimo para ponerle el pecho a las balas si —de resultas del ajuste— la protesta social amenazase desbordarse.

Escenario que, al menos de momento, parece lejano. No porque los recortes del gasto público y los aumentos de precios no hagan mella en la sociedad sino por la proverbial mansedumbre de los argentinos.

Al hacer un diagnóstico de la situación y tratar de predecir —con beneficio de inventario, claro— cuanto podría pasar en los próximos meses, bien está hacer hincapié, en primer término, en las variables económicas internas y externas. 2012 no será un año electoral sino un año para ajustarse el cinturón.

La economía tendrá, pues, más importancia que la política. Pero, hecha esta salvedad, es menester completar el análisis con los otros datos ya mencionados: la solidez del poder kirchnerista y nuestra pasividad característica a la hora de reaccionar en forma colectiva.

En este orden de cosas conviene detenerse en tres temas de la agenda gubernamental que están a la orden del día.

1) La escalada contra las petroleras en general e YPF en particular. No debería, al respecto, descartarse ninguna posibilidad. La idea de una estatización o nacionalización de la citada compañía energética ha comenzado a ser seriamente considerada en la Casa Rosada.

2) La pelea con Moyano, que escalará sin solución de continuidad y el oficialismo puede aprovechar mientras la protesta social no se expanda como reguero de pólvora. El camionero será un contrincante de fuste sólo si el país se incendia. De lo contrario, el todavía secretario de la CGT llevará las de perder si acaso decide tensar demasiado la cuerda que lo une al gobierno.

3) La reforma constitucional, cuya índole por ahora nadie conoce pero está en boca de todos. Si los K piensan en términos hegemónicos —y hay sobradas pruebas de que lo hacen— entonces la continuidad del modelo exige necesariamente la de Cristina Fernández y supone, como lógica consecuencia, algún tipo de reforma constitucional. Nadie imagina a Daniel Scioli como heredero de la épica generada en torno de Néstor y su viuda.