EL BONAERENSE

‘El Martillo’: La ‘otra’ Mar del Plata

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El estudio socioambiental realizado por los estudiantes de la Universidad marplatense indicó además que casi el 50 por ciento de los habitantes de El Martillo se mantiene con empleos alternados y más del 75 por ciento no está registrado.

El sondeo, publicado este lunes 06/02 por el matutino El Atlántico, le fue entregado el 30/01 al subsecretario de Gobierno, Martín Aiello.



Así refleja el diario marplatense la situación del barrio en su última edición:
Los estudios técnicos describen realidades. Explican, con las frías herramientas de la medición, los contextos y las situaciones que atraviesan a grupos humanos y que alteran, en mayor o menor grado, sus vidas cotidianas. Así que se constituyan en insumos empíricos que acaban con las subjetividades y que desnudan datos objetivos; cuentan lo que está y sucede, guste o no.


Un estudio socioambiental realizado por un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) revela que el 82% de las 76 familias que hoy ocupan un predio en el barrio El Martillo, en el marco de su lucha por vivienda digna, tienen por techo a una casa prestada, y que el 18% restante alquila piezas en la zona oeste.


Según el sondeo, que le fuera entregado el lunes pasado al subsecretario de Gobierno, Martín Aiello, el 0% tiene una propiedad a su nombre y más del 50% sostiene una economía “inestable” a base de empleos informales y changas. El 75% del total aseguró no estar registrado. La mayoría confió desempeñar tareas para la industria del pescado.

El jueves pasado, agotada la espera por una respuesta oficial, los vecinos de los barrios Pueyrredón, El Martillo, Las Heras, Belisario Roldán, Parque Palermo, Don Emilio y Villa Evita decidieron recuperar el predio lindante al Centro Integrador Comunitario (CIC), que funciona desde hace dos años en Calabria y Coronel Vidal.


En asamblea, porque optaron por la horizontalidad y el debate como modo de organización, resolvieron parcelar esas tierras fiscales y construir sobre ellas casillas de chapa y madera, para permanecer en el zona hasta tanto haya novedades a su crítica situación habitacional. Cuatro de las diez familias que ya están en situación de calle, según informaron ayer los vecinos, se alojan necesariamente en el CIC.


Dana Deluca Asfur es estudiante avanzada de la licenciatura en servicio social de la Unmdp e integra el equipo técnico que elaboró el estudio socioambiental que describe la “delicada” realidad habitacional de estas 76 familias, que hoy trepan a más de 80 dada la difusión de la toma por distintos barrios.


En diálogo con El Atlántico, la joven aseguró que “sin la debida intervención del Estado es muy complicado que puedan revertir su situación habitacional”. 
“Es que hablamos de familias que no tienen casa propia, que no tienen empleos formales y que además viven en zonas donde no llegan los servicios esenciales”, aclaró, antes de apuntar las variables que fueron tomadas en cuenta para diseñar el informe que el Ejecutivo municipal ya tiene en sus manos.


Además de nombre, edad, dirección y nivel educativo, las estudiantes consultaron a los vecinos por sus ingresos económicos, empleos y ocupaciones. También los interrogaron acerca de la composición de hogares dentro de una misma vivienda. “Preguntamos con quiénes más vivían, porque eso nos permite conocer el grado de hacinamiento que sufren. Además, nos deja entrever las disponibilidades de esa casa”, explicó la estudiante.

El relevamiento devino en datos contundentes: del total de las familias en crisis habitacional, el 82% dormía en una casa prestada, y el 18% restante alquilaba alguna pieza o casilla por unos pocos pesos.


Se supo también que el 90% de los vecinos que hoy ocupan el predio lindero al CIC desarrollan sus vidas sin gas natural, que el 65% lo hace sin agua potable y que un 87% no tiene cloacas.


En materia de empleo, la realidad de estas familias no es menos alarmante: el nivel de ocupación activa ronda el 52%, mientras que el de mera ocupación, el 14%. La subocupación, según los cuadros, asciende al 35%. “Estamos hablando de que la mitad no tiene empleo estable y trabaja de changas”, razonó Deluca Asfur, que reveló que el 75% no está registrado y que la mayoría se emplea en el puerto. “Van cuando hay pescado y cuando no hay no los llaman. La irregularidad de ingresos es impresionante”, completó la estudiante.


Por último, señaló que en los días que siguen, junto al resto de sus compañeros, relevarán a los grupos familiares que en las últimas horas se acercaron a la ocupación de tierras por su “vulnerabilidad social”. Esos datos, obviamente, también le serán acercados al Estado municipal.


SIN DIÁLOGO


“No mantuvimos contacto, porque ya les aclaramos que desde este Ejecutivo, que siempre los recibió, no vamos a dialogar bajo la presión de un toma. Si ellos quieren, levantan la medida y nos sentamos a conversar y resolver. 


Además, hay que entender que el Municipio no puede, en 72 horas, construir 76 viviendas”. Con estas palabras, el subsecretario de Gobierno, Martín Aiello, descartó cualquier tipo de negociación con los vecinos que sostienen, desde el jueves por la tarde, la ocupación de tierras fiscales no destinadas a un plan de viviendas nacional o provincial.

“No vamos a participar de ninguna asamblea, y ésa es una decisión tomada. Es muy difícil conversar en estas circunstancias, y más cuando se mezclan los reclamos y las necesidades. Nosotros compartiremos una mesa de trabajo el lunes 13. Si antes no desocupan, no hablaremos”, advirtió Aiello, que dijo que “por el momento, la Comuna no analiza ningún tipo de presentación judicial”.


Antes de llegar a la ocupación, los vecinos se reunieron en varias oportunidades con el funcionario. En una de ellas, la del lunes 16 de enero, le entregaron una propuesta de abordaje para la crisis habitacional que se vive, sobre todo, en la zona oeste.


A los quince días, en otro encuentro, no recibieron respuestas a esas ideas. Sólo hablaron de que asistentes sociales relevarían a diez familias en situación de calle, a quienes se les podrían extender subsidios por 600 pesos, por tres meses, para el alquiler de algún tipo de inmueble. A este punto, hasta entonces, tampoco le llegó una respuesta.


FONDOS Y ALIMENTOS


Durante la jornada de este domingo, en un predio ubicado en el corazón del barrio Pueyrredon, se desarrolló un campeonato de fútbol barrial para juntar fondos para las familias que sostienen la ocupación de los terrenos linderos al CIC de El Martillo.


En ese contexto, recordaron que todos aquellos que puedan colaborar con pañales, colchones, alimentos y leche deberán acercarse hasta la sede del Centro Integrador Comunitario, ubicado en Calabria y Coronel Vidal.