CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La idea es una burrada porque controlar Internet es ridículo. Ni siquiera lo consigue China, que aplica una censura feroz para impedir la disidencia.
Si un sitio web tiene sus servidores en el exterior y también en el exterior se encuentran los servidores del correo utilizado por un forista ¿cómo se aplica la legislación argentina?, por ejemplo.
Es cierto que algunos foristas se exceden en sus insultos contra quienes no coinciden con ellos. En Urgente24, por ejemplo, el tema es bastante largo porque el anonimato exacerba algunos espíritus que no serían tan rudos si fuesen identificables. Precisamente esa será la apuesta, similar a lo vigente en las webs de La Nación y Clarín, en 40 días, al presentar el nuevo diseño de web de Urgente24.
Es el camino: la autorregulación, no la censura desde el Estado. Y ahí queda en evidencia un grave problema de fondo en el kirchnerismo: cree que el Estado es indispensable (siempre que lo controlen los K) y desconfía de los individuos en general y también de los actores privados que integran una sociedad.
“El proyecto es complicado porque amplía hasta el infinito la noción de actos discriminatorios, casi cualquier cosa es un acto discriminatorio. Obliga además a los medios de comunicación a verificar lo que dicen sus comentaristas. Esto llega a la web, a blogs, redes sociales, cualquier medio digital y creó un delito penal desde un mes hasta tres años de cárcel para quienes incurran en estas prácticas.
El objetivo es reducir la violencia, las difamaciones, el hostigamiento en internet pero los riesgos que plantea este proyecto son enormes para la libertad de expresión, de prensa y regulación de internet”, advirtió el periodista del diario La Nación, José Crettaz, a Urgente24 Radio, sobre el nuevo proyecto de ley que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional para penalizar comentarios discriminatorios en internet pero a su vez, pone en peligro la libertad de expresión.
Luego él explicó: “Es el riesgo de este proyecto por la nueva figura penal. A todas luces es un proyecto espantoso, incluso para un sector del gobierno que contradice la legislación regional, el sistema interamericano de DDHH. Es algo inédito en los países democráticos, es crear una figura penal en un ámbito de libertad de expresión”.
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