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| Imagen Ilustrativa |
por CLAUDIO M. CHIARUTTINI
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sin Saco y Sin Corbata). Los intentos del Gobierno por colonizar el Poder Judicial comenzaron cuando los tribunales fueron la barrera para la aplicación plena y directa de la “Ley de Medios Audiovisuales” o, mejor dicho, la realización del desguace del Grupo Clarín en forma compulsiva, a voluntad de Cristina Fernández y sus funcionarios; la primera inmensa barrera a la voluntad del soberano desde que el campo salió a las rutas y frenó la Resolución 125.
Sin duda, el punto máximo de dramatismo de este proceso de colonización y sometimiento del Poder Judicial fue la muerte del ex fiscal de la Causa Amia, Alberto Nisman; y las 400.000 personas marchando, en medio de la lluvia, reclamando por la independencia del único poder que, hasta ese momento, resistía el control de Cristina Fernández.
Pero, a partir de la macha, algo extraño ocurrió: las más de 700 causas en donde se investigaban a funcionarios de Cristina Fernández se congelaron. Dejaron de avanzar. Cuando más frías estaban las investigaciones, más crecieron los rumores de una negociación entre supuestos enviados de la Casa Rosada con altas autoridades de la Justicia Federal para concertar un “acuerdo de paz” que liberara de presiones a la Presidente de la Nación, su familia y sus más cercanos colaboradores; a cambio de resguardar ciertas prebendas, ventajas y potestades que poseen los magistrados del fuero.
El resultado del pacto fue un Código Procesal Penal nuevo, que le quita funciones a los jueces y las re-direcciona hacia los fiscales controlados por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; y el Ministerio Público recibió, de “premio”, el control de la autorización y realización de las escuchas judiciales, lo que implica que delegados del Poder Ejecutivo deciden si se vigila a funcionarios del Poder Ejecutivo sospechados de delitos como corrupción, prevaricato o abuso de poder, eliminando uno de los mecanismos de peso y contrapeso de todo sistema democrático real.
Desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el Poder Ejecutivo nombró 68 jueces. Pero en los 12 años de Gobierno kirchnerista se han designado 60% magistrados (766 sobre 986) y hay 241 juzgados vacantes (que pueden ser ocupados por subrogantes elegidos a dedo). A eso se debe sumar decenas de fiscales y camaristas y la posibilidad que tiene Cristina Fernández de seleccionar otros 2.300 cargos para cumplir el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Esto implica que, cuando deje su cargo, la colonización del Poder Judicial no será un mito, sino una realidad plena. Pero en la semana quedó en descubierto algo más grave: ya no el intento de colonización y sometimiento del Poder Judicial y la negociación de protección de derechos y prebendas; sino que aquellos jueces que se comportan sin respetar las normas del acuerdo negociado son aislados por sus propios colegas, para colocarlos en el camino de la realización de un sospechoso y amañado juicio político.
Los jueces Luis María Cabral y Claudio Bonadío han sido dos mensajes altos y claros del Poder Ejecutivo hacia los magistrado que no entiendan que hay una “pax armada” entre el kirchnerismo y el Poder Judicial.
Con el primero, el Gobierno legitimó que es quien controla la designación de jueces subrogantes (potestad que ratificó el Consejo de la Magistratura, otra sucursal del Poder Judicial), lo que implica digitar quién investiga qué causa; con el segundo, se explicitó que nadie puede investigar a Cristina Fernández y su entorno más íntimo, el mismo mensaje que dejó la muerte de Alberto Nisman hace seis meses.
La Casa Rosada ha comenzado a perder respeto hasta a la Suprema Corte de Justicia. Ricardo Lorenzetti, titular del Alto Tribunal, se reunió con los representantes de las 26 cámaras federales y exigió rever la política de subrogancias y la orden que se envió al Consejo de la Magistratura, y que se cumplió fielmente, fue defenderlas, aunque se las acto un poco en el tiempo, para la apariencia de aceptar la crítica.
En el camino, también se ignoró que la Cámara Federal Nº 2 declaró inconstitucional dos de los artículos claves de la Ley de Subrogancia. Sin embargo, la avanzada del Poder Ejecutivo sobre ciertos jueces y la complicidad de la mayoría de los magistrados con los deseos de Cristina Fernández y su entorno ya no producen efecto en la sociedad, como ocurrió en Febrero pasado, salvo en un grupo reducido, movilizado y claramente identificado ideológicamente. ¿Qué le pasa al resto de la sociedad que cede al soberano la potestad de decidir y controlar todo sin que haya un equilibrio entre los poderes, como dice la Constitución Nacional?
Es cierto que el grueso de la gente “está en otra”, diversas consultoras aseguran que el clima a favor del Gobierno está creciendo desde la muerte de Alberto Nisman y, en forma paralela, la intención de voto de los candidatos oficialistas crece. Una suerte de “anestesia por consumo”, donde la posibilidad de comprar en 12 cuotas adormece las exigencias que debe reclamar todo ciudadano a sus Gobernantes.
No obstante, este escenario que presentan algunas consultoras choca contra indicadores económicos y financieros reales, como ya se explicó la semana pasada en este mismo espacio. Pero mientras muchos hablan de consumo, imagen positiva e intención de voto, el escenario social en que se desarrolla el actual proceso de estancamiento, con inflación, de la economía muestra su rosto más dramático desde 2008, como bien lo dejó demostrada la Universidad Católica Argentina con su “Barómetro de la Deuda Social esta semana.
Vamos a los datos:
1 de cada 4 personas dijo haber experimentado al menos una situación de desempleo durante el último año. Al menos 1 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos del país presenta déficits en alguno de los indicadores de pobreza estructural. 4 de cada 10 hogares consideraban insuficientes sus ingresos para satisfacer sus necesidades y patrones habituales de consumo.
Apenas 1 de cada 10 declaró haber tenido capacidad de ahorro. Casi 3 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos reciben algún subsidio o plan social, valor que crece a 6 de cada 10 cuando se consideran los hogares más pobres. 12% de los hogares urbanos son viviendas en situación de tenencia irregular y un número igual lo hacen e viviendas sumamente precarias.
1 de cada 3 encuestados trabaja en negro y, de los cuentapropistas, 7 de cada 10 no realizan aportes jubilatorios. 3 de cada 10 trabajadores deben recurrir para su asistencia médica al sistema público. 1 de cada 4 ciudadanos carece de red social y el déficit de funciones afectivas, es decir, personas solas, llega a 1 de cada 10. Poco importa si el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, niega el informe y dice que en la Argentina no hay indigentes y “casi” no hay pobres (se nota que no camina la calles desde hace mucho tiempo) o que el sociólogo ultrakirchnerista Artemio López sostenga que la Universidad Católica Argentina tomó sus mediciones donde hay “superpoblación de pobres” (por lo menos reconoce que hay muchos pobres en algunas partes); lo realmente preocupante es que la deuda social del modelo kirchnerista no sea tema de campaña de ninguno de los tres candidatos que tienen mayores posibilidades de ser elegidos Presidente de la Nación.
Pero no sólo es la UCA la que muestra un panorama social complejo, con una pobreza estructural que parece imposible de quebrar.
Kantar Worldpaper dice que 52% de los entrevistados piensa que la situación económica está peor que en el año pasado, 45% opina que se mantendrá igual en 2016 y sólo 36% estima que la personal mejorará el próximo año.
A su vez, CCR sostuvo, a su vez, que 66% de los consultados evaluó que su poder adquisitivo se deterioró en el último año, incluso pese a que la percepción de inflación bajó; sólo 13% dijo que su situación económica es buena o muy buena y 67% de los consultados dijo que ve probable una crisis.
También fue muy conservadora la encuesta de Confianza de los Empresarios que realiza IDEA y hasta la Unión Industrial Argentina reconoció la recesión que afecta a la Economía; lo que completa un escenario lejos del “paraíso kirchnerista” que venden ciertas consultoras. Sin embargo, los ciudadanos no reaccionan.
Las elecciones están demasiado cerca, el votante demasiado “frío” y no hay discusión política. Escenario ideal para Daniel Scioli y desfavorable para Mauricio Macri y Sergio Massa. Si la agenda de temas no cambia, las urnas pueden mostrar una realidad tan sorprendente como cuando Cristina Fernández sacó 54% en 201
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