El ginecólogo Rodríguez Lastra (izquierda) junto a su abogado (Foto: Florencia Salto / Diario Río Negro). |
(U24) - Comenzó este lunes (13/05) el juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien se encuentra imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por interrumpir con medicamentos un aborto no punible en el hospital de Cipolletti a una joven de 19 años que había sido violada.
Rodríguez Lastra, quien no está obligado a declarar y tampoco a decir verdad, sólo respondió a preguntas de su defensor Damian Torres ante tribunal unipersonal integrado por juez Alvaro Meynet.
Según informa el portal Río Negro, el médico Indicó que el 2 de abril de 2017 la víctima “había tomado cuatro pastillas de misoprostol, es una dosis tremenda” y que “la paciente terminó el 2 de abril internada”. "Le expliqué que no era posible avanzar con el aborto porque había que hacer estudios. Ella no estaba bien, con 39 grados de fiebre no tenemos lucidez para entender lo que nos están diciendo (…) Le inhibí las contracciones para no agravar el estado de salud de la paciente”, explicó.
Tras la declaración del imputado, se desalojó la sala para que testifique la víctima a puertas cerradas. La joven se encontraba en una sala contigua. La fiscal del caso, Annabela Camporesi, sostiene que el 30 de marzo de 2017 la víctima le hizo saber a las medicas del hospital de Fernández Oro que no quería continuar con el embrazo producto de la violación y firmó la correspondiente declaración jurada.
Ese día desde el hospital hablaron con Rodríguez Lastra para la correspondiere derivación al hospital de Cipolletti y el imputado en su carácter de jefe del servicio se negó y pidió un informe psiquiátrico de la paciente.
Ante la falta de respuesta del sistema de salud, la joven decidió interrumpir el embarazo por sus propios medios, e ingirió un medicamento.
El 02/04 se presentó en la guardia del hospital de Fernández Oro, con una fuerte descompostura y la trasladaron en ambulancia a Cipolletti.
Según la fiscalía, Lastra le suministro una medicación que detuvo las contracciones sin el consentimiento de la víctima, “puso trabas en un proceso ya iniciado”.
Luego la víctima fue internada contra su voluntad, según expresó, obligada a gestar y a parir. La joven, que tenía 19 años al momento del hecho, es de escasos recursos y no tiene abogado que la represente.
La acusación en nombre del estado la ejercerá el fiscal Santiago Márquez Gauna y la adjunta Annabela Camporesi.
Por su parte, el defensor particular del imputado, Torres, indicó que “la defensa no va a controvertir que hubo un abuso sexual” pero sostuvo que “el aborto debe ser practicado por un médico diplomado y la joven comenzó el aborto por sus propios medios”.
Agregó que “el pedido de un informe sobre la salud mental de la paciente es uno de los requisitos de la ley y se pidió por los antecedentes de la joven (…) se corría el riesgo de que se produzca un parto pretérmino, o sea que el feto naciera con vida“.
Finalizó en que “lamentamos lo que le ha pasado lamentablemente a la joven, pero queremos analizar los derechos en todo su contexto”.
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