(U24) - La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que recibió 148 votos afirmativos y 69 negativos. Cambiemos contó con el acompañamiento del grueso de la oposición para que a partir de este año, las empresas puedan donar a las campañas electorales (algo que hasta ahora solo tenían permitido para actividades ordinarias de los partidos) y todos los aportes serán bancarizados.
Son los 2 principales ejes del proyecto de ley de financiamiento político que aprobó este miércoles 15/05 la Cámara de Diputados y era el objetivo del oficialismo.
Dicha ley, que comenzará a regir en este turno electoral, fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ se opuso fervientemente y defendió que el financiamiento sea “100% estatal”.
También hubo rechazo de la izquierda, el Movimiento Evita y el espacio Red por Argentina, que lidera Felipe Solá.
A la hora de la votación en particular, se produjo una fisura en el interbloque Cambiemos: la Coalición Cívica, en función de su posición histórica sobre el tema, rechazó el artículo 4 del proyecto, el cual habilita los aportes privados. Ese artículo recibió 135 votos a favor y 81 en contra.
La ley establece que los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”.
Los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña. Los aportes en dinero solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad.
También se permitirán los aportes en especie, esto es, aquellos que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.
Otro de los puntos más polémicos de la Ley era el de los aportes estatales destinados a publicidad. Cambiemos prefería que la publicidad no fuera tema de ley, ya que destinan millonarias sumas de dinero a la publicidad a través de las grandes plataformas de Internet como Google o Facebook, pero a pesar de la negativa oficialista, también tuvieron respaldo los medios digitales.
La ley establece que el 60% de los recursos públicos destinados a publicidad digital de los partidos durante las campañas deben destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido, el 35% para los de mirada nacional y el 25% a los creados en las provincias, con foco en el contenido local.
Fue un pedido de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Asociación de periodismo Digital (APD) para compensar las pérdidas millonarias por la migración de la publicidad a motores de búsqueda como Google o redes sociales como Facebook, que reproducen contenidos de terceros y en el caso de esta última casi no contratan empleados en el país y esquivan el pago de impuestos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro) destacó que el proyecto es “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales” y “aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”.
Tonelli explicó que con la legislación actual “en el fondo se esconde una hipocresía, porque las empresas terminan contribuyendo, pero lo hacen a nombre de 10, 15 o 20 gerentes de esas empresas”. Por eso, consideró mejor saber cuáles son las compañías que ponen dinero en las campañas y dónde lo hacen, “y no personas que no sabemos quiénes son”. El radical Diego Mestre enfatizó que “siempre la defensa de la democracia debe ser una prioridad”.
“Esta ley es muy importante para fortalecer las instituciones, los partidos, y estoy convencido de que siempre echar luz y dejar el oscurantismo atrás va a ser muy importante para la ciudadanía y el Estado”, apuntó.
Por su lado, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, defendió el financiamiento “100% estatal” y sostuvo que “cuanta menor injerencia de las empresas exista en el financiamiento de la política, será mejor para la transparencia y la actividad de los partidos políticos”.
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