-RESUMEN DE NOTICIA-
POLÍTICA / OBRAS POR COIMAS
(U24) - El Gobierno Nacional confirmó este viernes que revisará todos los contratos suscritos con la brasileña Odebrecht, que declaró haber conseguido esos acuerdos a través del pago de coimas a funcionario kirchneristas.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que la Procuración del Tesoro tiene bajo análisis todos los contratos vigentes de la constructora brasileña en el país, en un trabajo que realiza en conjunto con los distintos ministerios que tienen en su órbita las obras que obtuvo la empresa imputada por el presunto pago de sobornos.
"Tengo entendido que ya la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, está analizando todos los contratos de la empresa en el país, y eso lo hace con cada uno de los ministerios", señaló Garavano, en diálogo con radio Mitre, al ser consultado sobre la posibilidad de que Odebrecht pierda sus trabajos en la Argentina, como el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
El ministro aclaró que hacer cesar los contratos de Odebrecht es "una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios", y puntualizó que "hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del interior, con el de Energía y con el de Transporte".
El funcionario relató cómo se desarrollaron hasta ahora los diálogos entre Odebrecht y el Gobierno que, según contó, comenzaron a principios de año y tuvieron, por ahora, su último capítulo con una reunión que debió levantarse porque al mismo tiempo se produjeron los allanamientos en la sede en Buenos Aires de la constructora brasileña.
Esa reunión "se pasó para la semana entrante", según dijo el ministro.
"Esto arranca en una reunión, que fue en febrero, o marzo, cuando se nos acercaron por primera vez los abogados de la empresa. En ese momento, lo que se planteó es que ellos debían avanzar con la Procuración General de la Nación", contó Garavano.
El titular de la cartera de Justicia agregó: "Les indicamos que debían trabajar con la Procuración y después con nosotros. Los convocamos y, en esa primera reunión, nos dejaron el acuerdo que habían firmado en Brasil, instrumental, no el contenido".
Los representantes de Odebrecht acercaron al Gobierno una propuesta. "Nos dejaron un borrador de una propuesta, que fue lo que yo giré a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Procuración del Tesoro para que sea analizada. A primera vista, la propuesta está hecha en base al marco normativo brasileño. La principal diferencia es que en Brasil existe la responsabilidad penal de las empresas y ellos el acuerdo lo hicieron como empresa; en la Argentina eso no existe", explicó el ministro.
Al plantear la diferencia principal con la normativa brasileña, Garavano pidió que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto del Gobierno que busca imponer sanciones a las empresas que cometan actos ilícitos, y no sólo a las personas a título individual.
"El año pasado enviamos un proyecto de ley para intentar penalizar a las empresas que cometan este tipo de actos. Ese proyecto estuvo en el Congreso sin movimiento. Recién este año, cuando el presidente (Mauricio) Macri insistió (con el tema) en la apertura de sesiones, se empezó a mover y hay reuniones en comisiones de Justicia y Legislación Penal.
El proyecto prevé el acuerdo de colaboración, que es como el que se firmó en Brasil. Estamos a la expectativa de esto", aseguró.
Garavano afirmó que el Gobierno pedirá al Congreso que incluya "una cláusula adicional para que se permita atender todas las situaciones de las empresas involucradas en hechos de corrupción hacia atrás" y explicó que "no puede ser una sanción, pero sí se pueden prever acuerdos de colaboración".
El ministro consideró "un signo alentador" los allanamientos que se realizaron en las oficinas argentinas de Odebrecht este miércoles, aunque consideró que pudieron estar "probablemente inducidos por estos avances que hizo el Gobierno, por las declaraciones de (Elisa) Carrió y, luego, por nuestra convocatoria (a una reunión con el abogado de la empresa)".
Y añadió: "Lo mismo que algunos movimientos iniciales de la fiscalía. Estuvieron parados varios meses y ante esta actividad del Gobierno se empezaron a mover".
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