LATINOAMÉRICA

MOVILIZACIÓN VS. PAQUETE FINANCIERO

La corrupción, en el centro del debate político de Brasil

 Los múltiples casos de corrupción -no todos resueltos- en el gabinete de Dilma Rousseff, tuvieron consecuencias diversas, en especial desde que la Presidente decidió tomar distancia de la limpieza administrativa-política. Ella ahora, para mejorar la imagen de la coalición gubernamental, anuncia un paquete de obra pública, mientras una movilización de reclamo gana las calles brasileñas.

Antes de la reforma ministerial, prevista para enero de 2012, la presidente Dilma Rousseff lanzará un paquete de programas impulsados con inversiones que suman R$ 14.000 millones (US$ 7.946 millones) al final de su mandato en 2014. 

El objetivo declarado de Dilma es dar vuelta la página a la "limpieza" en el equipo de gobierno –a lo que llamó "reestructuración"– y promover acciones de impacto cada dos semanas.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La limpieza de gabinete le provocó una mejora en la imagen a Dilma pero colapsó sus relaciones con las fuerzas políticas damnificadas, y que integran la coalición gubernamental.

Legisladores oficialistas clamaban contra Dilma por sentirse desprotegidos (ella fue implacable y exigió renuncias a los funcionarios más alcanzados por las denuncias periodísticas) y amenazaron con boicotearla.

A la vez, la opinión pública, que se encuentra convencida de la corrupción de los políticos en el poder, apoyaba los pedidos de renuncia de Dilma.

Para ella, una situación insostenible. Por lo tanto, decidió pasar a otros temas como eje gubernamental.

Ahora, hay algo de contradictorio en todo esto: las medidas tienen lugar después de un período de ajuste fiscal que marcó el inicio de gobierno de Dilma, con el anuncio de recortes de R$ 50.000 millones (US$ 28.380 millones).

Hasta ahora, la Presidente no consiguió crear una marca registrada para su Administración. 

Ella rechaza que su marca sea la lucha por la transparencia, ya que eso la enfrenta con sus aliados.

Entonces, ella buscará que su marca registrada sea la de los resultados en la gestión.

En definitiva, fue la misma respuesta que brindó Luiz Inácio Lula da Silva cuando fue acosado por los hechos de corrupción en su gabinete.

2 programas están listos para salir del horno: 

> el 1ro. participa a 11 ministerios en una serie de iniciativas para las personas con discapacidad. 

> El 2do. apunta a recuperar las cárceles, pero no fue anunciado todavía porque el Palacio de Planalto decidió esperar a que "se asiente el polvo" en el conflicto que hay con el Poder Judicial, resultado de la falta de reajuste de sus partidas presupuestarias en el proyecto enviado al Congreso a finales de agosto.

Con el objetivo de crear una red de protección a la infancia, un 3er. programa pretende atacar el problema de la explotación sexual de menores. Bajo el título "Brasil se hace cargo de sus niños", el plan incluye iniciativas para fortalecer los Consejos Tutelares e instituye un sistema interconectado de información para evitar que los niños queden bajo el cuidado de los padres violentos.

En este paquete, el único programa que puede quedar para 2012 es el Plan Nacional contra las Drogas. Anclado en dos ejes estratégicos -la salud pública y la seguridad públicas- el proyecto de Dilma tiene objetivos atrevidos y prevé hasta el ataque a los del "grandes mayoristas" del tráfico. Datos del gobierno indican que la operación para desmantelar estas bandas tarda, en promedio, 8 meses.

La estrategia de combate a las drogas incluye un nuevo Sistema Estadístico Nacional de Estadística de Seguridad Pública y Justicia Penal (Sinesp). El trazado de la ruta de la droga elegirá los 7 estados-piloto que inaugurarán el sistema y obtendrán refuerzos en la asignación de efectivos de la policía federal. Fueron reservados R$37 millones (US$ 21 millones) de fondos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para la construcción de 5 centros regionales de investigación avanzada sobre narcotráfico.

Aún no se han definido los estados (provincias) piloto para el plan ni los fondos que se aplicarán en el programa, aunque ya hay costos estimados. La estructura de tecnología para el nuevo Sinesp, por ejemplo, está presupuestada en R$ 5,2 millones (US$ 2,9 millones).

El plan para las personas con discapacidad es el que más recursos va a obtener. Los cálculos presentados indican inversiones de R$ 9.871 millones (US$ 5.602 millones), mientras que los gastos para la ampliación y construcción de las cárceles públicas, en el mismo período (2012 a 2014), no debe superar los R$ 1.200 millones (US$ 681 millones).

El programa es una amalgama de acciones ya existentes -muchas de las cuales están funcionando de forma precaria- con nuevas iniciativas. En la lista de propuestas inéditas está la creación de 100 "residencias inclusivas", con equipos y servicios específicos para el tratamiento de adultos y jóvenes con discapacidades. La idea es asignar R$13,5 millones (US$ 7,6 millones) para este propósito.

Se prevén R$289 millones (US$ 164 millones) para la contratación de profesores, traductores e intérpretes de libras (Lengua Brasileña de Señales) y R$240 millones (US$ 136 millones) para la compra de vehículos de transporte escolar. Además, 860.000 viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida debe ser adaptadas (inversión de R$2.200 millones, US$ 1.248 millones).

La Marcha

En tanto, a favor de la Ley da Ficha Limpa, el movimiento contra la corrupción regresa a las calles brasileñas hoy miércoles 12/10. 

La Ley de Ficha Limpa nació como un proyecto de ley de iniciativa popular, luego de reunir más de 2 millones de firmas de adhesión. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 05/05/2010 y en el Senado el 19/05/2010 por votación unánime. Y fue sancionado por el Presidente de Brasil (por entonces, Luiz Inácio Lula da Silva), que lo transformó en Ley Complementaria Nº135, el 04/06/2010. El texto prohibe a los políticos condenados por tribunales de 2da. instancia presentarse como candidatos a cargos electivos.

Con la adhesión de la Ordem dos Advogados do Brasil (Organización de Abogados de Brasil), fue incorporada otra consigna al movimiento: la defensa de los poderes del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) para fiscalizar y castigar a los magistrados (hay un intento gubernamental de apropiarse de esa función).

La expectativa de los organizadores es reunir 70.000 personas en Brasilia, en Río, en São Paulo y en Salvador de Bahia. En total, las protestas se extenderán por 25 ciudades, en 18 estados (provincias), superando el grupo de 25.000 manifestantes que fueron a las calles el 07/09.

São Paulo y Santa Catarina son los estados (provincias) que tendrán más cantidad de puntos de protesta. En Río, donde la concentración será a las 13:00 en el puesto 4 de la Playa de Copacabana, 11 voluntarios de la ONG Rio de Paz estarán vestidos con togas para, simbólicamente, solicitar al Supremo Tribunal Federal (STF) que no reduzca los poderes del CNJ, un reclamo de la Associação de Magistrados Brasileiros (AMB). 

Para el presidente de la ONG, Antonio Carlos Costa, el Poder Judicial es uno de los que más contribuyen para reprimir la corrupción en Brasil.