En primer lugar, el GCBA plantea eliminar del Código de Edificación, la disposición obligatoria de vivienda para encargados en edificios de más de 15 departamentos. Otra cuestión será el control de tanques de agua y de los ascensores.
En el primer caso, es cada seis meses y con un gasto promedio de $13 mil anual por edificio. El oficialismo plantea que ese control lo haga un laboratorio solo en caso de ser necesario, mediante una muestra de agua. Se evitaría vaciarlos e higienizarlos de manera más frecuente.
En el caso de los ascensores, solo se controlará a los más viejos. En la actualidad, todos los ascensores por igual son revisados mensualmente, con un costo de $25 mil que planean reducir a la mitad.
El plan de Horacio Rodríguez Larreta también contempla eliminar el pago de certificados innecesarios, la rúbrica y las obleas de los libros oficiales que debe llevar un consorcio, como el de datos, el de propietarios y el de registro de firmas.
Con las reformas, sólo se mantendrían los libros obligatorios que fija el Código Civil. Los restantes serán optativos y podrán ser aprobados por el mismo consejo de administración del edificio, en lugar de que deba abonarse el trámite ante el Estado.
Adicionalmente, el Banco Ciudad ofrecerá una cuenta bancaria gratuita para cada consorcio. Otro paso que el Gobierno porteño busca eliminar es el certificado “Edificio seguro”. Hoy es obligatorio pagarlo, aunque no sea más que un compendio de todas las condiciones de seguridad del inmueble que ya fueron aprobadas en cada rubro: ascensores, calderas, tanques, desratización y desinsectación, y matafuegos, entre otras categorías.
La idea también es eximir del informe sobre control de fachadas a las viviendas unifamiliares que no tengan salientes y a los espacios comunes a propietarios, como los patios internos y las terrazas, que seguirán siendo inspeccionados por el consorcio pero sin necesidad de presentar un certificado ante el Estado.
Hay que destacar que todas estas modificaciones, como el cambio del Código de Edificación y otras leyes, tienen que pasar por la Legislatura. Desde la oposición ya plantean sus posturas.
El legislador porteño y referente del GEN en CABA, Sergio Abrevaya, planteó: “El gobierno debe habilitar a los consorcistas a discutir paritarias”.
“Desde junio de 2017 estamos reclamando al gobierno que habilite a los consorcistas a sentarse en las paritarias. Expensas es un problema que afecta a más de dos millones de copropietarios y a novecientos mil inquilinos, sólo en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó Abrevaya.
De todas maneras, el referente de Margarita Stolbizer en CABA adelantó "saludamos con agrado que el gobierno haya reconocido las medidas por las que venimos reclamando tales como dejar de cobrar tasas innecesarias como el registro de ascensores, matafuegos y tanques de agua, que ellos mismos crearon hace pocos años o requerimientos sobre libros administrativos obligatorios, es decir, el control de controles que incrementa las expensas".
Por otro lado, el defensor del Pueblo Adjunto y ex legislador, Gabriel Fuks afirmó "quieren culpar a los trabajadores de los edificios por los aumentos de las expensas", al tiempo que aseguró que estas medidas buscan "legalizar una falta de inspección por parte del Estado que al día de hoy es baja o muy baja".
"Los controles por parte del Estado, como son los controles de agua, son controles que ya son bajos. Las inspecciones de los edificios de los sectores medios de los barrios, por ejemplo, de toda la zona sur, comuna 7, 5, 6 o 9, ya son de un nivel de espacialidad importante, y he hecho un seguimiento de esas cuestiones, que la verdad no es que tampoco haya un gasto muy fuerte en el control", agregó Fuks.
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