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| CFK y Ángelo Calcaterra, procesados por Bonadio. Falta de mérito para Gianfranco, hermano del presidente Macri. |
(U24) - El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a Cristina Fernández y a empresarios y exfuncionarios del desaparecido ministerio de Planificación por la cartelización en la obra pública. Se trata de un desprendimiento de la causa de los cuadernos, que investigó el presunto pago de coimas para direccionar las licitaciones.
Bonadio también inició el proceso de elevación del conjunto de causas ligadas al caso “Cuadernos”. En este caso, es el tramo en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de los corredores viales por parte del OCCOVI entre 2003 y 2007.
La acusación contra la exPresidente es, nuevamente, como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales. El magistrado, además, le dictó prisión preventiva.
Con esta nueva decisión de Bonadio, la senadora y candidata a vicepresidente acumula 12 procesamientos y 6 pedidos de prisión preventiva. Bonadio además procesó a unos 100 empresarios, entre los que se destacan Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en treinta y siete (37) hechos, en en calidad de coautor.
Algunos de los empresarios involucrados, en cambio, recibieron la falta de mérito, entre ellos Gianfranco Macri, hermano del Jefe de Estado, dado que en estos casos "no se ha determinado con el grado de certeza que exige esta etapa procesal, si los sucesos se encuentran materialmente acreditados, como tampoco si los nocentes revisten responsabilidad primaria o no en los hechos imputados", sostiene el fallo publicado por el Centro de Información Judicial.
En este caso es en la causa por corredores viales. CFK está procesada en ese expediente por cohecho pasivo. Franco Macri, el padre del Presidente de la Nación, había sido llamado a declarar en esta investigación pero por su estado de salud no pudo hacerlo y falleció poco después.
El fallo declaró extinguida la acción penal para el ex presidente Néstor Kirchner: sobreseido por su fallecimiento. En este tramo de la investigación, el juez y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios exdirectivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de "cobro de fondos ilegales a través de la obra pública".
"Se puede afirmar que está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del ex ministerio de planificación federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional de ese período.¬ Parte de las maniobras por las que se quisieron ocultar el producido ilícito de esos bienes también está básicamente investigado y en varias casos esas investigaciones están elevados a juicio oral y público", indicó Bonadio.
En la causa de los cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015. Tuvo incidencia en este expediente la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un extenso listado de empresas que pagaban sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.
Según entiende el juez, Cristina Fernández lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria". La maniobra se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero".
Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte. Se investigó a más de 90 empresas que fueron receptoras de contratos de obra pública, lo que derivó en un nuevo procesamiento a la exPresidente, ampliando la acusación en su contra como jefa de la asociación ilícita.
Bonadio determinó que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por exfuncionarios del ministerio que conducía Julio De Vido.
Por eso centró esta causa en la cartelización de la obra pública, e indagó a Cristóbal López, Lázaro Báez, Ángelo Calcaterra, Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.
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