(TN.com) - Alejandra Gils Carbó es investigada por fuertes sospechas de irregularidades en la compra del edificio de la actual sede de la Procuración General, operación que se hizo en 2013, por más de $ 40 millones.
El caso comenzó a partir de una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la compra del inmueble ubicado en la calle Perón 667.
Las anomalías tienen que ver con el productor de seguros Juan Carlos Thill, hermano del ex segundo de Gils Carbó, Guillermo Bellingi. Thill asesoró a la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, intermediaria de la operación, y cobró una comisión de $ 3 millones por la venta del inmueble.
Originalmente la funcionaria judicial había declarado que se había enterado de estas irregularidades a través de la prensa y que Bellingi, que fue apartado del cargo cuando se ventiló el escándalo, fue "un empleado infiel".
Aunque el año pasado contradijo su declaración, en una presentación espontánea en la Justicia en la que se la acusaba de haber encubierto al empresario K Lázaro Báez. Además de haber negado que hubiera dado instrucciones para favorecer al empresario en la causa de "La Ruta del Dinero K", admitió que hizo gestiones ante funcionarios para conseguir una ampliación presupuestaria de $ 40 millones para la compra del edificio de la actual sede del organismo, consignó La Cornisa.
LA DECLARACIÓN DE LA PROCURADORA
La Procuradora tuvo que aclarar el contenido de dos conversaciones telefónicas con el entonces subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi, ya que en la causa se había pedido un informe de los llamados entrantes y salientes de su celular.
Se trata del funcionario que llamó al entonces juez Norberto Oyarbide para que frenara un allanamiento en la financiera Propyme, lo que finalmente hizo el magistrado, lo que le valió una investigación judicial.
El primer llamado de los que habló fue el 15 de abril de 2013, desde el celular de la funcionaria, y el segundo fue tres días después, desde una línea a nombre de la Secretaría General de la Presidencia al teléfono de la Procuradora.
"Informo a V.S. que dichos llamados tuvieron que ver con la solicitud de una ampliación presupuestaria de $ 40 millones (pesos cuarenta millones) a efectos de adquirir inmuebles para esta Procuración General de la Nación", explicó la funcionaria.
"En efecto, para la adquisición de inmuebles para el futuro funcionamiento de fiscalías temáticas dependientes de este Ministerio Público, que fueron adquiridos en fecha 02 de julio de 2013, luego del correspondiente proceso licitatorio, se hicieron numerosas gestiones ante los órganos políticos del Estado Nacional, toda vez se tuvo la necesidad de ampliar las partidas presupuestarias que disponía este organismo, conforme a la ley de presupuesto por entonces vigente", afirmó Gils Carbó en esa declaración.
La Procuradora explicó que el 13 de mayo de 2013 dispuso la modificación de los créditos asignados inicialmente y que finalmente los fondos se otorgaron a través de un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo.
"En síntesis, mi labor se centró en realizar las gestiones tendientes al otorgamiento de dichos créditos", afirmó. Así admitió que estuvo involucrada, al menos, en la gestión de los fondos para la compra del inmueble.
Aunque negó que tuviera conocimiento de la gran comisión que cobró el hermano de Bellini, el que fuera su segundo en el organismo. El caso es investigado por el fiscal federal Eduardo Taiano, que tomará el informe y podría incluirlo en la investigación que lleva el juez federal Julián Ercolini.
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