Medicamentos truchos: Confirman el procesamiento de Capaccioli
El ex superintendente de Servicios de Salud y principal recaudador de la campaña presidencial de Cristina 2007 sufrió un nuevo revés ya que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó su procesamiento como miembro de una asociación ilícita y por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó este martes (21/06) el procesamiento de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, como miembro de una asociación ilícita y por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de una investigación por el tráfico de medicamentos adulterados.
En tanto, el tribunal -integrado por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah- revocó el procesamiento de Capaccioli por los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Asimismo, redujo el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.
Cabe recordar que el mes pasado, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento de Capaccioli por el delito de malversación de fondos públicos, al "haber otorgado a los fondos correspondientes al funcionamiento de la Caja Chica asignada a la Unidad Superintendencia una finalidad distinta a aquella para la cual estaban destinados”.
Además del procesamiento, la Justicia había determinado el embargo sobre los bienes del principal recaudador de la campaña presidencial de Cristina 2007 hasta cubrir la suma de $500 mil.
En esa resolución, el tribunal también había declarado la nulidad del procesamiento de Capaccioli por el delito de "abuso de autoridad" en el marco de una investigación en torno al dictado de la resolución 806/07 de aquella Superintendencia, por medio de la cual se distribuyeron $47 millones a distintas obras sociales para la atención de programas preventivos de salud.
En febrero pasado, el juez federal Norberto Oyarbide lo había procesado, sin prisión preventiva, por los delitos de “asociación ilícita, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento”, en el marco de la denominada causa de la mafia de los medicamentos.
Oyarbide le fijó además un embargo por 10 millones de pesos, veinte veces más que el que ya le había trabado el día anterior al procesarlo, en una causa conexa, por “malversación de los caudales públicos” a raíz de la asignación indebida de aportes estatales a 52 obras sociales.
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