A pocas semanas del inicio de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, la administración de Rodríguez Larreta intentará disuadir a los alumnos de que realicen protestas que incluyan tomas de colegios y que de esta manera impidan el normal desarrollo del ciclo lectivo.
El Ministerio de Educación porteño quiere que en caso de una toma de colegio público, los padres de los alumnos que participen se hagan responsables de su seguridad y de los posibles daños patrimoniales en la institución.
La resolución que lleva la firma de la ministra de esa cartera porteña, Soledad Acuña, tiene como fin desligar de responsabilidad a las autoridades escolares en el caso de una toma.
"Hicimos esto para seguir el tema y respaldar a los rectores y directores a que cumplan su rol pedagógico. Ellos son los responsables del patrimonio y el cuidado de los chicos, pero no pueden cumplirla en una toma, por eso es que diseñamos estas Pautas de Acción para la Convivencia Escolar", dijo Acuña en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam.
El nuevo protocolo establece que, en caso de una toma, el director/a deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), al SAME y citar a los padres para que retiren a sus hijos del establecimiento "ante la imposibilidad de prestar el servicio educativo".
A su vez, deberán labrar un acta en la que dejen constancia de los hechos y circunstancias por los que se efectivizó la toma del colegio, el estado del patrimonio escolar con fotos (de ser posible, certificadas por escribano o con la presencia de dos testigos), de la solicitud de intervención al CDNNyA y al SAME y de la constancia de citación a los padres.
Por último, los padres que permitan a sus hijos participar de la toma deberán suscribir a un acta en la que sepan "que, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá sobre el adulto".
En diálogo con distintas radios, la funcionaria precisó además que otro de los pasos a seguir por los directivos será “tomar registro fotográfico del estado del edificio al momento de la toma” para constatar al término de la misma si existieron actos de vandalismo.
"En el protocolo la idea es que los padres sepan que deben hacerse cargo de sus hijos, que no hay un adulto que lo esté cuidando. Las acciones deben tener consecuencias", dijo Acuña a La Red.
Y agregó: "Cuando hay una situación de toma el gobierno adulto ya no puede estar presente. Si los padres deciden que los chicos se queden esto tiene que quedar sentado en los registros de la escuela e informarse al ministerio, de forma tal que después nosotros también sepamos a quién tenemos que pedirle que rinda cuenta si hubo vandalismo o si hubo daños".
El año pasado, un fallo de la jueza porteña Elena Liberatori determinó que las tomas de colegios no constituían un delito por lo que, según Acuña, "los rectores quedaban desautorizados, pero dejaba librado a su responsabilidad lo que pudiera pasar dentro de la escuela en una toma".
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