(U24) - Desde el Gobierno siguen avanzando en el reordenamiento de las pensiones por discapacidad, para agilizar y transparentar su otorgamiento, pero al mismo tiempo de revisar los casos de aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos.
En ese marco es que en las próximas horas publicará una resolución con el objetivo de realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.
"No se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno", se atajan desde la Casa Rosada, según publicó el diario 'Clarín'.
Es que se trata de un tema espinoso para el Gobierno porque el antecedente más reciente fue la experiencia fallida de 2017, cuando el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo.
Por aquel recorte abrupto de unas 60.000 pensiones, Badino fue desplazado, el Gobierno debió dar marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis; y en términos políticos de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478.
Esto es poseer una incapacidad laboral tota l y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos. Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.
A lo largo de este año la Agencia convocaría a unas 120 mil personas para actualizar datos. "Va a ser fácil porque los que saben que no les corresponde el beneficio ni se van a presentar", vaticinan. Según publicó 'Clarín', en 2017, un entrecruzamiento de datos permitió detectar unos 7.000 casos de beneficiarios que habían muerto pero igual se les seguía pagando la pensión.
Aunque en un porcentaje menor, desde la Agencia admiten que también se detectaron casos y que una vez agotadas todas las instancias administrativas de control y revisión, serán dados de baja. En el Gobierno apuntan que en parte esto se explica a partir del caos organizativo que heredaron.
"Es muy difícil encontrar un expediente entre un millón de papeles", grafican en relación a que todos los legajos se confeccionaban en formato papel y se guardaban en distintas dependencias. Por eso, hacia adelante, la idea es terminar con el expediente papel: para las personas que deseen tramitar una pensión, el Gobierno ya puso en marcha el circuito de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital, que deberá tramitarse en hospitales públicos y en el que cada médico tendrá que validar en forma online la discapacidad de la persona que tramita el beneficio.
Esta digitalización, exponen desde la Agencia, evitará que no haya más documentos ilegibles, como sucede hoy en tantos expedientes afectados por el deterioro del formato papel. Y que ningún médico pueda desconocer que firmó un certificado de discapacidad sin que se cumpliera n los requisitos.
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