(U24) - La iniciativa opositora contra los últimos aumentos de tarifas sufrió un revés este viernes cuando el fiscal federal Guillermo Ferrara desestimó la solicitud de una medida de amparo contra las subas al considerar que los actores "por falta de legitimación activa" para ello.
El amparo había sido solicitado por intendentes bonaerenses peronistas, como Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Julio Zamora (Tigre), entre otros; los legisladores Felipe Solá, Victoria Donda, Leonardo Grosso y Rodolgo Tailhade, entre otros; el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino; y las ONG CEPIS, DEUCO y ADUCC.
La presentación contra la secretaría de Energía y el ENRE reclamaba que se "declare la nulidad y la inconstitucionalidad" de distintas resoluciones de esos organismos que instrumentaron el último aumento en la tarifa eléctrica.
Al mismo tiempo, instaban a que se dicte una medida cautelar "que suspenda los efectos de las resoluciones impugnadas".
Pero el fiscal Ferrera reconoció sólo la legitimación del CEPIS y de ADUCC, y recurrió a la jurisprudencia para quitarle esa calidad al resto de los denunciantes.
En enero, mediante la Resolución 366/2018 de la secretaría de Gobierno de Energía, el Gobierno aplicó un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM).
El viernes pasado, a través de la resolución del ENRE, habilitó a las distribuidoras del servicio de electricidad Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista (MEM) a los usuarios.
El recurso de amparo considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, cuando dictaminó que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de "gradualidad" y "estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos", explicaron desde el PJ bonaerense.
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