La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado el ingreso en prisión preventiva de Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del Gobierno catalán para que no entorpezcan la investigación por rebelión.
La magistrada ha decidido el encarcelamiento preventivo de los ocho gobernantes catalanes cesados a petición de la Fiscalía, que considera que todos ellos alentaron una insurrección para empujar hacia la independencia de Cataluña por vías ilegales.
Según el auto de la juez, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país.
En este sentido, la juez recuerda, en el auto, que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir. Así lo expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares.
La magistrada considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta 30 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.
La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Conselleria d’Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.
Tras esta decisión, ahora Lamela deberá decidir si cita para otro día al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los cuatros consellers citados y que no han acudido o si directamente emite una orden europea de detención, dado que se conoce que se encuentran en Bélgica.
Los antiguos gobernantes catalanes están imputados por rebelión o sedición, y por malversación. La juez admitió a trámite una querella de la Fiscalía que les acusa de dinamitar los cimientos del Estado de Derecho con el proceso independentista, que creó una arquitectura normativa al margen de la Constitución para empujar hacia la independencia por vías ilegales.
Los antiguos consejeros de la Generalitat que han comparecido este jueves en la Audiencia Nacional -nueve de un total de catorce imputados por rebelión, o sedición, y malversación- han respondido solo a las preguntas de sus propios abogados, ignorando las cuestiones de la Fiscalía.
Esta estrategia es un derecho que reconoce a los investigados la ley procesal penal. Solo uno de ellos, Vila, ha contestado también a las preguntas planteadas por los representantes del Ministerio Público. Esta estrategia ha acelerado los tiempos de la jornada judicial.
A la cita judicial han faltado el expresidente Carles Puigdemont y cuatro consejeros de su Govern: Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Antoni Comín. Todos ellos permanecen en Bélgica, lo que activará un proceso europeo de detención y entrega que comenzará cuando la Fiscalía solicite el arresto, que podría alargarse durante unos sesenta días. El Ministerio Público pedirá a la magistrada que curse esta orden.
HECHOS GRAVES
La juez considera que estos hechos son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.
El delito de rebelión exige que exista un alzamiento violento para declararla independencia de una parte del territorio nacional. Sin embargo, la Fiscalía ya apuntaba que esa violencia no tiene porqué ser física sino que tenga capacidad para ello.
La capacidad de movilización de los independentistas generó una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en Catalunya para defender la ley y cumplir las órdenes judiciales. Asimismo, la Fiscalía entendía que el 1 de octubre hubo un alzamiento “violento”, con insultos, menosprecio y sillazos a policías y guardias civiles.
Para la Fiscalía, esos hechos claros de una existencia de violencia para conseguir sus fines.
SE NIEGAN A DECLARAR
La Fiscalía ha valorado que ninguno de los consellers ni Junqueras hayan querido contestar a las preguntas del fiscal ni del juez. Menos Santi Vila, que sí lo ha hecho, los demás sólo han respondido a las preguntas de sus abogados, con unas comparecencias de una media de cinco minutos cada uno.
Aunque un investigado tenga el derecho a no declarar, ese silencio puede ser valorado para interpretar los hechos. En este caso, tanto la juez como el fiscal han valorado que no quieren colaborar con la Justicia ni dar una explicación razonable para rebatir las acusaciones de la Fiscalía.
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