SOCIEDAD: RECLAMOS

Indigentes reclaman un plan de viviendas

Son 243 personas a los que el gobierno porteño busca desalojar de "La Veredita" del Bajo Flores, zona en la que se asentaron. 

Unas 243 personas que desde noviembre pasado levantaron sus casillas  en veredas de la zona del Bajo Flores reclaman al gobierno  porteño que los incluya en un plan habitacional, por lo que rechazaron un subsidio de $700 en diez cuotas para abandonar el lugar, informó el abogado de los peticionantes Lisandro Teskiewicz.

Las 243 personas de "La Veredita" rechazaron el subsidio ya que pretenden una garantía  de que se los incluirá en un plan del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.

"Estas personas son las mismas que el año pasado fueron desalojadas del Club  Social Español a cambio  de un subsidio de $7.000 y la promesa de que serían incluidos en un plan de viviendas", explicó a Teskiewicz,

Sin embargo ese plan no se concretó y los desalojados "construyeron casillas y alquilaron dentro de la villa y, cuando se les acabó el dinero del subsidio, tuvieron que volver a ocupar un espacio. Por eso ahora no quieren volver a repetir el mismo ciclo", argumentó el abogado.

Las familias  comenzaron a llegar el 24 de noviembre a las avenidas Riestra y Portela y se instalaron en las veredas linderas al polideportivo del club Argentinos  Juniors, el Colegio Marianista y un laboratorio privado.

En estos seis meses, "el Gobierno porteño sólo asistió con agua y no instaló baños químicos, mientras que la comida la organizan en ollas  comunitarias", explicó Teskiewicz.

"Las autoridades porteñas lo consideran un delito penal de usurpación y presenta constantes trabas ante la Justicia para evitar un acuerdo y forzar un desalojo violento, pero el Estado no puede desentenderse en cuanto a su obligación de asistir y satisfacer su necesidad de vivienda", aseguró el abogado.

La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires fue la primera que inició una acción  de amparo ante la jueza Elena Liberatori para suspender el desalojo y buscar una solución de fondo, pero la jueza penal Claudia Álvaro dictó una acción inhibitoria.

De todos modos, Liberatori llamó a una audiencia de conciliación entre las autoridades municipales y los ocupantes, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Álvaro "insiste en que tiene que resolverse el desalojo como ordena el protocolo, es decir con un subsidio y la inclusión a un plan de viviendas, pero el gobierno porteño sólo ofrece 700 pesos en diez cuotas", enfatizó Teskiewicz.

El abogado destacó que "la figura penal de usurpación con la modalidad de despojo en el que se pretende encuadrar a esta ocupación no corresponde porque acá no hubo despojo alguno ya que las veredas no son legítima posesión de nadie, son de todos los ciudadanos".

Mientras tanto, el fiscal penal Luis Cevasco comenzó a tomar declaración a las personas que se instalaron en el asentamiento por el delito de usurpación.

El legislador Francisco "Tito" Nenna acusó al gobierno porteño por "persecución" a familias en emergencia habitacional y aseguró que Mauricio  Macri "pretende mandar a la cárcel a los que no tienen casa".

"Para resolver la emergencia habitacional, hay que ejecutar el dinero presupuestado en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad" enfatizó, y concluyó: "Desde que asumió, Macri mantuvo ociosos más de 500 millones de pesos destinados a la construcción de casas".
Fuente: Télam-minutouno.com