JUSTICIA: INFORME DE OPINIÓN

DENUNCIA DEL DIARIO EL CRONISTA COMERCIAL POR INTIMIDACIÓN

¿Qué le pasa al juez Alejandro Catania?

 Increíble oficio del juez Alejandro Catania, de acuerdo al texto que publicó el diario El Cronista Comercial, titulado "El último método para derrotar a la inflación: intimidar al periodismo", que firmó el director periodístico del matutino, Fernando González.

N. de la R.: Alejandro Catania es el magistrado en lo Penal Económico que instruye las causas contra economistas y consultores denunciados por el absurdo Guillermo Moreno (perdedor, obviamente, y por eso se va de la Secretaría de Comercio Interior) y el mentiroso INdEC (motivo de escarnio para las cuentas públicas argentinas dentro y fuera del país). Es obvio que Catania lo que pretende es citar a prestar declaraciones a periodistas para conocer si la información que publican la obtienen de los denunciados, y así tener fundamentos para imputarlos. Es ridículo lo de Catania. En 1er. lugar, el periodista tiene el beneficio del resguardo de sus fuentes aún ante jueces y fiscales. En 2do. lugar, y no debería ignorarlo Catania, obviamente podría menguar la información sobre la muchísima inflación que hay en la Argentina, y eso es intimidación. En fin, el texto prometido:

por FERNANDO GONZÁLEZ

CIUDAD DE BUENOS AIRES (El Cronista Comercial). Quizás el resultado promisorio que el kirchnerismo obtuvo en las elecciones primarias del 14 de agosto haya convencido a algunos funcionarios del Gobierno de que pueden impulsar cualquier disparate a caballo del éxito en las urnas.

          

Y, por lo visto, el triunfalismo también ha logrado su impacto en el ambiente judicial.

          

Sólo de este modo se entiende el oficio que recibió EL CRONISTA en el que un juez (Alejandro Catania, titular del Juzgado en lo Penal Económico Número 4) solicita: 

         

Los nombres,

         

Las direcciones, y

         

Los teléfonos de contacto,

         

de los periodistas que suelen informar sobre los índices de inflación.

La medida, que incluye a quien esto firma y al menos a una decena de periodistas más de este diario, es claramente intimidatoria y constituye un cercenamiento a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional.

Es claro para la opinión pública que la medición del efecto inflacionario sobre la economía es una de las cuestiones más conflictivas de la actualidad.

           

A partir de 2006, el Gobierno nacional comenzó a practicar cambios en las mediciones del Indec y en el personal técnico encargado de llevar a cabo esa tarea, ya que algunos de ellos denunciaron presiones destinadas a manipular las cifras del índice de precios al consumidor.

           

Desde entonces, los medios de comunicación informan la evolución mensual de la inflación que suministra el Indec y también los índices estimados por las provincias, las consultoras privadas y las universidades que se dedican a hacerlo.

El resultado es un índice de precios al consumidor menor al 1 % mensual que estima habitualmente el Indec y un índice del doble o más de esa cifra que estiman el resto de las entidades.

            

El Gobierno informa año a año que la inflación anual es menor al 10 % y el resto estima que es superior al 20%.

            

La respuesta de la opinión pública, a través de entrevistas, de encuestas o de las declaraciones de los actores económicos es el descreimiento cada vez más acentuado en torno a la inflación estimada por el Indec.

           

Tanto es así que los gremios jamás negocian sus paritarias salariales en base a la inflación del Indec, sino que lo hacen en base a lo que el titular de la CGT, Hugo Moyano, llama “ la inflación de las amas de casa”.

El descrédito en el que cayó el Gobierno por estas prácticas lo llevó a designar un director técnico a cargo del Indec (Norberto Itzcovich, habitual columnista de El Cronista).

            

Llevó al Congreso a elaborar también un índice de precios propio.

            

Y llevó al ministerio de Economía a iniciar una negociación con técnicos del Fondo Monetario Internacional para explorar la elaboración de un nuevo índice de precios en el futuro.

Sin embargo, un juez quiere distraer tiempo y fondos de todos los ciudadanos para averiguar datos personales de los periodistas que informan sobre esta puja de datos que se da en la Argentina desde hace cinco años.

Con métodos que retrotraen a los tiempos más oscuros de la dictadura militar, se busca intimidar al periodismo (el pedido incluye a El Cronista pero también a Ámbito Financiero, Clarín, La Nación y Página/12) con un objetivo que se ve venir desde lejos: lograr que se consigne sólo la información del Indec, es decir, que a la ciudadanía sólo le lleguen los datos del gobierno de turno.