viernes, 17 de febrero de 2012

CONFIDENCIAL

Ahora, la Medicina Prepaga serà la SIDE de sus clientes

Control, control, control... para recaudar en un Estado ineficiente.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Las empresas de medicina privada deberán informar a partir del 1 de abril a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los datos de los clientes que tengan planes de cobertura de valores superiores a los 2.000 pesos.


La medida se estableció mediante la Resolución General 3.270, publicada hoy en el Boletín Oficial y será de carácter obligatorio, por lo que las compañías que no cumplan con el suministro de la información a la AFIP serán sancionadas.

"Las prepagas deberán suministrar a la AFIP, mensualmente, el nombre y apellido de sus afiliados, el documento de identidad, el domicilio, datos descriptivos del vínculo entre la empresa y el titular, el valor de la cuota y la cantidad de beneficiarios del plan", especificó la AFIP. 

Esta semana el Gobierno de Cristina Fernández, dispuso que la AFA, los clubes de la primera división y Primera B Nacional y representantes de jugadores deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)las operaciones de transferencia o préstamos de futbolistas que superen los 60 mil pesos anuales.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 32, publicada el pasado 15/02, en el Boletín Oficial con la firma del titular de la UIF, José Sbatella, con el objetivo de "prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".

De acuerdo con la Resolución, la AFA y los clubes deberán, entre otras cosas, enviar un informe mensual a la UIF de las operaciones que realicen e informar sobre las operaciones inusuales y sospechosas, así como dar a conocer la identidad de los clientes "que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de 60 mil pesos". 

Además, deberán realizar una política denominada "conozca a su cliente", que involucra a las personas físicas y jurídicas que realicen transferencias, cesiones, derechos económicos, presten dinero o efectúen donaciones.

Para ello, deberán elaborar un "perfil" de estos cuando realicen operaciones anuales a partir de los 60 mil pesos y conservar su legajo, y soportes electrónicos, por 10 años.

Antes, el martes 14/02, el Gobierno había dispuesto que las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos o maquinarias agrícolas o viales deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las operaciones que realicen, especialmente las de más de 300 mil pesos anuales, y adoptar una serie de normas a fin de prevenir el lavado de activos y el financiación del terrorismo.

La Resolución 31/2012 de la Unidad de InformaciÓn financiera publicada en el Boletín Oficial establece una serie de obligaciones para las personas físicas o jurídicas que habitualmente desarrollen la actividad de compraventa de "automóviles, camiones, motos, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinarias agrícola y vial". 

De acuerdo con la Resolución, quienes realicen esa actividad deberán, entre otras cosas, enviar un informe mensual a la UIF de las operaciones que realicen e informar sobre las operaciones inusuales y sospechosas. 

Para ello, la Resolución - que consta de 36 artículos, divididos en 7 capítulos- prevé que los "sujetos obligados" deban elaborar un manual de procedimiento, designar una "oficial de cumplimiento", establecer "un sistema de auditoría interna" y un "programa de capacitación" para su personal, entre otras cosas, según DyN.

Además, deberán realizar una política denominada "conozca a su cliente", elaborar un "perfil" de estos cuando realicen operaciones anuales a partir de los $ 300.000 y conservar su legajo, y soportes electrónicos, por 10 años.

La Resoluciónes forman parte de las medidas que el Gobierno está aplicando para conseguir que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saque a la Argentina del listado de países con controles insuficientes para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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