Guillermo Marijuan.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció una persecución oficial contra los integrantes de su equipo de trabajo y se mostró dispuesto a dejar su cargo, si eso sirve para que su gente deje de ser hostigada.
"Con mis empleados vivo una situación que me llama la atención porque son discriminados laboralmente", lamentó Marijuan, que explicó: "Son unas 20 personas, han hecho un trabajo encomiable, pero hace 12 años que trabajan como contratados".
El funcionario entiende que sus colaboradores son víctimas indirectas de una represalia oficial que apunta contra su figura: "Estos chicos tienen el cargo creado y la partida presupuestaria, pero nunca los efectivizan; quizá porque yo soy el titular de la unidad".
En ese contexto, Marijuan dejó en claro que está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su equipo: "Si hiciera falta que yo me fuera para que a ellos los efectivicen, yo me iría. Prefiero que venga otro fiscal, también con buenas intenciones, para que esta gente deje de sufrir".
Al analizar las razones de esta persecución, el fiscal federal reconoció -en diálogo con radio La Red- que no tiene una buena relación con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó: "Es verdad que me ha convocado a una reunión y yo no he ido, tampoco soy una persona que no ve la realidad... No fui porque tenemos pensamientos distintos y porque la tengo imputada en una causa y no me parece bien reunirme con un imputado. Pero si las consecuencias pasan por otras personas, me parece lamentable".
La investigación sobre lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez también mereció una serie de reflexiones de Marijuan, que defendió la labor del juez Sebastián Casanello: "Muchas veces se lo criticó por ser 'lento' e incluso le pusieron un mote duro y feo (tortuga) que no comparto para nada, porque ha trabajado muchísimo en un expediente que tiene un volumen importantísimo". En ese sentido destacó que la causa no es sólo lo que se vio en televisión porque "luego se incorporaron otros hechos, muy complejos", y el magistrado tomó decisiones que permitieron descubrir un hecho contundente como la venta de un terreno en la zona de Cuyo.
"Hay un estado de sospecha del delito de lavado de dinero por un hecho que nos llevó a indagar a varias personas: nos preguntamos por qué se compró un campo en Mendoza en 5 millones de dólares en efectivo y poco tiempo después se vendió en 1.8 millones de la misma moneda y la plata terminó en el exterior", resumió el fiscal.
Finalmente, Marijuan aclaró que "la familia presidencial, de momento, no aparece investigada ni mencionada en ningún requerimiento" vinculado a esa causa. "En principio sólo tenemos particulares afectados al proceso, aunque no descartamos que el día de mañana, no sólo por el lavado en sí, sino por distintos controles que debieron efectuarse, pueda verse vinculado algún funcionario", finalizó.
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