Gabriel Bruera, hombre bajo la lupa.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Desde hace meses, el fiscal Jorge Paolini investiga el pago de coimas que se habrían pedido desde el municipio para avanzar con la rezonificación de terrenos para la construcción de viviendas del Pro.Cre.Ar, donde Mariano Bruera sería el principal implicado, y que varias escuchas telefónicas lo comprometen seriamente.
Y precisamente es el tipo de negocio al que apunta el Grupo Randazzo a través de los loteos Solares de Montoro (607 y 19), Altos de Villa Elvira (120 y 80), Etcheverry Chico (52 y 247) y Ayres de Don Jorge (84 y 134).
Por el contrario, los loteos para los beneficiarios del ProCreAr no son un negocio que las numerosas firmas inmobiliarias platenses tengan en cuenta, dado que existen muy pocos lugares en el distrito con la categoría del código de zonificación que permita la construcción de viviendas, también los valores de los pocos terrenos para lotear son muy altos para este sector y porque en este tipo de operaciones los martilleros se encuentran que tienen que lidiar con la comuna y otros intereses, en especial los sindicales y varias ONGs muy activas tras las trágicas inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013.
El Grupo Randazzo tiene como principales cabezas visibles a José María Randazzo y a Marcelo Randazzo.
Ambos comandan desde hace años un emporio de concesionaras de autos en la capital bonaerense que se ha convertido en un cuasi monopolio en el mercado automotriz del Gran La Plata, con las marcas Renault, Fiat y Chevrolet, y mantienen muy bien aceitados sus vínculos con el municipio y otros referentes políticos.
Sin embargo ahora la familia Randazzo quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de una investigación penal y una añeja causa en el fuero Civil y Comercial de La Plata, al ofrecer a la venta costosos lotes que están trabados judicialmente en el barrio cerrado Altos del Plata.
Pero el resto de los loteos que ofrecen tienen un precio más accesibles y están destinados a quienes necesitan comprar terrenos para edificar propiedades financiadas por el Plan ProCreAr.
Para su comercialización, los Randazzo crearon Inmuebles Plaza S.A, con domicilio en Plaza 19 de Noviembre N° 13 de La Plata, teniendo como socios a María Aloise, italiana, viuda, nacida el 30-4-1931, D.N.I. 93.500.723, C.U.I.T. 27-93500723-8, comerciante; Magdalena Carmela Randazzo, argentina, casada, nacida el 27-2-1954, D.N.I. 10.793.420, C.U.I.T. 27-10793420-6, contadora; José María Randazzo, argentino, casado, nacido el 27-11-1956, D.N.I. 12.238.788, C.U.I.T. 27-12238788-2, contador; y Marcelo Jorge Randazzo, argentino, casado, nacido el 21-2-1964, D.N.I. 16.727.893, C.U.I.T 20-16727893-1, contador; todos domiciliados en 44 N° 1463 de La Plata, según consta en el Boletín Oficial del 20 de abril de 2007.
Y por otra parte, a través de su grupo económico, montó una división inmobiliaria que tiene a Marcelo Randazzo como martillero público y que atiende en una pequeña oficina en la Concesionaria Peara, ubicada en la avenida 44 y 143.
La situación de litigio de la propiedad que ofrecen los Randazzo está asentado en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires por orden del juzgado Civil y Comercial Nº 27 del distrito Judicial La Plata.
Allí se planteó una “Acción de Simulación” y se promovió una “Acción de Revocatoria” ante la presunción de un fraude en la compra-venta entre Inmuebles Plaza S.A y los anteriores dueños del predio: el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de La Plata (CGCELP) y la Asociación Mutual de Profesionales de Ciencias Económicas (AMPCE), en perjuicio de un importante acreedor.
La presunta irregularidad se basa, fundamentalmente, en que José María Randazzo, no solo es integrante de Inmuebles Plaza, sino que al momento de transacción también era un importante directivo del CGCELP y la AMPCE.
La compra-Venta se celebró ante la Escribana Rosa Josefa De Marziani (esc. nº 188), la misma escribana que dio fe de la constitución de la Sociedad Anónima Inmuebles Plaza.
Por su parte, la causa penal se tramita bajo el expediente IPP 15830/13. Investiga la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC 8) los potenciales delitos de estafa y asociación ilícita y que también está bajo la órbita de Paolini.
Ahora, quedará en manos de ese fiscal que se extienda la investigación al resto de los loteos ante la presunción de que alguno o todos hayan recibido un cambio en su zonificación para que se puedan vender a beneficiarios del Plan ProCreAr, mediante el supuesto pago de sobornos al hermano del intendente platense y su entorno de funcionarios también investigados.
La investigación judicial de Paolini es de tal importancia que el propio titular de la ANSES, Diego Bossio, salió a presionar al fiscal al elevarle un escrito.
Allí, le pide que “tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para evitar la demora en la continuidad de los trámites de los distintos ciudadanos cuyos expedientes puedan estar secuestrados en las actuaciones, para que de esta manera puedan continuar con el proceso iniciado en el marco del programa ProCreAr Bicentenario sin dilaciones”.
Mientras, el Grupo Randazzo sigue ofreciendo sus lotes sin mediar escrúpulo alguno, sin esperar a que se resuelva tanta maraña judicial en las que están envueltos.
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