CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La cláusula RUFO figura en el Decreto 1735/04 del canje de deuda y fue incluida por Roberto Lavagna, cuando era ministro de Economía, y su equipo en 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
RUFO es la sigla en inglés de Rights Upon Future Offers, que significa derecho sobre futuras ofertas. Esta cláusula, tecnicismo más o menos, dice que si la Argentina voluntariamente hace antes del 31/12/2014 una oferta mejor a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010, el país dará todos los pasos necesarios para que cada tenedor de los bonos tenga el derecho, durante un período de 30 días corridos para cambiar sus bonos por efectivo u otros bonos que igualen lo ofertado a los otros.
De nuevo: la cláusula se hace efectiva si la Argentina decidiese "voluntariamente" pagar más a los holdouts que lo ofertado a los bonistas que aceptaron el canje.
Así, el Estado deudor quedó preso de la condición que una vez estableció para conseguir más adherentes al canje.
Sin embargo, hubo quienes dijeron que no era cierto, porque existe un mandato judicial de Thomas Griesa, que obliga al país a pagarles a los holdouts.
Pero el dificilmente cumplible fallo de Griesa entró en colisión con la voluntad de Argentina de ser equitativa con los bonistas, ya que los bonos del canje están supeditados a la legislación estadounidense, tal como aceptó el Gobierno en esa oportunidad.
Algunos analistas sostienen que como este pago a los holdouts no es voluntario, sino consecuencia de una orden judicial, la cláusula no debería dispararse y no se activaría una cataratas de reclamos. A pesar de los cambios, no está claro si alguna de las dos partes moverá ficha.
Una leve mejoría económica de Argentina durante las Navidades puede desalentar a Fernández de abordar el problema y es probable que opte por dejárselo como herencia a quien venza en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Los fondos buitre, por su parte, quizá también prefieran esperar al próximo presidente, con la esperanza de que sea más dócil a sus reclamaciones. Mientras unos y otros deciden sus estrategias, pende todavía la amenaza de demandas judiciales de la gran mayoría de acreedores de deuda reestructurada en 2005 y 2010, que siguen sin poder cobrar desde julio los intereses que les corresponden, por el bloqueo judicial que en EE UU forzaron los fondos buitre el pasado junio.
La cláusula RUFO establecía que, si los que rechazaban la reestructuración —que finalmente fueron los acreedores de solo el 7,6% de la deuda— acababan negociando una mejor paga, los que habían aceptado las quitas (92,4%), podían reclamar un trato igual.
La cláusula marcó la aceptación de la quita, que osciló entre 25% y el 65% del valor original de la deuda.
En junio, el Tribunal Supremo de USA confirmó el bloqueo judicial por el que Argentina no podía pagar sus intereses a los dueños de la mayoría de la deuda (los que aceptaron la quita), hasta que abonara primero los fondos buitre y otros inversores sus derechos, y sin las rebajas pactadas, puesto que las rechazaron.
En aquel momento, el Gobierno de Fernández adujo 2 motivos para negarse a cumplir el fallo: primero, porque consideraba injusto que una minoría cobrara más que la mayoría y, segundo, porque aducía que la cláusula RUFO obligaría al Estado automáticamente a igualar las condiciones para todos los acreedores, con lo que caería en saco roto toda la reestructuración.
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