Gráfico Idesa.
"Los argentinos nunca pagaron tantos impuestos como en la actualidad", advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual subrayó que "3 de cada 4 pesos del crecimiento de la recaudación fue apropiado por el Gobierno".
Se trata de un "descomunal" aumento de la concentración de recursos en el Gobierno, que tiene "fuertes" impactos sobre el funcionamiento del sector público y en la dinámica de la política, alertó el estudio.
En ese sentido, resaltó que "nunca se pagaron tantos impuestos, pero los servicios públicos no mejoran y en muchos casos se deterioran" y argumentó que ello sucede porque "los recursos están centralizados en el nivel nacional, pero las responsabilidades por la gestión están descentralizadas en los gobiernos locales".
IDESA realizó su análisis con datos oficiales y, de ese modo, argumentó que entre 2004 y 2014 la recaudación de impuestos nacionales pasó de 18% a 26% del producto bruto, es decir que tuvo un incremento de 8 puntos porcentuales del PIB.
A su vez, de ese aumento de la recaudación impositiva, sólo el 27%, 2 puntos porcentuales, se distribuyeron de manera automática a las provincias. Así, los restantes 73% ó 6 puntos porcentuales del PIB, que aumentó la recaudación de impuestos nacionales fueron apropiados por el Gobierno nacional, sostuvo el estudio.
Sobre el impacto que ello genera sobre el funcionamiento del sector público y en la dinámica de la política, sostiene y concluye el informe:
"Por un lado, la centralización de recursos fiscales desvirtúa los mecanismos de participación política. Se ha llega a un nivel tan extremo de degradación institucional que el éxito de un gobernador o intendente depende menos de su idoneidad y honestidad que de su capacidad para congraciarse con los funcionarios del gobierno nacional. Ante reglas tan perversas, la ciudadanía acepta y promueve la pasividad de las dirigencia locales frente al centralismo nacional.
Por ello, en lugar de exigir una distribución más equitativa de los recursos fiscales, las dirigencias provinciales optan por el camino más cómodo de confiar en la benevolencia del gobierno nacional más que en las propias capacidades para ejercer las responsabilidades que la Constitución Nacional le impone. Por otro lado, la centralización de recursos fiscales trastoca la organización del sector público. Las provincias e intendencias son responsables de gestionar los principales servicios públicos, como educación básica, salud pública, justicia, seguridad, infraestructura urbana y servicios de vivienda.
La paradoja de que nunca se pagó tantos impuestos pero los servicios públicos no mejoran y en muchos casos se deterioran se explica, en su mayor parte, porque los recursos están centralizados en el nivel nacional pero las responsabilidades por la gestión están descentralizadas en los gobiernos locales.
Hay que asumir que no hay ministro de educación nacional, por idóneo y bien intencionado que sea, que pueda mejorar la educación si las provincias no cuentan con los recursos para financiar las escuelas. Lo mismo ocurre con la salud, seguridad, Justicia y obras públicas para el desarrollo de la infraestructura y vivienda.
En la prevalencia de candidatos elegidos desde el nivel central para las próximas elecciones subyace la desequilibrada distribución de recursos públicos entre la nación y las provincias. Una institucionalidad más consistente con el desarrollo sostenido y geográficamente más equilibrado exige reglas de distribución automática de la recaudación impositiva más coherentes con la descentralización de funciones que prevé el régimen federal."
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