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| Teori Zavascki, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. |
El magistrado del Supremo Tribunal Federal, STF, Teori Zavascki determinó la noche del martes (22) que el juez federal Sergio Moro envíe a esa corte las investigaciones de la Operación Lava Jato que involucren al ex presidente Lula da Silva.
La decisión de Zavascki inviabiliza un fallo previo de su colega en el STF, Gilmar Mendes, quien había decidido que las investigaciones sobre Lula quedaran en la órbita del juzgado de primera instancia de Moro, ya que el nombramiento del ex presidente (y su consiguiente fuero judicial privilegiado) fue suspendido por la justicia.
La determinación de Zavascki -redactor a cargo de caso Lava Jato en la Corte Suprema- no invalida la decisión del magistrado Gilmar Mendes, quien el último viernes suspendió la nominación de Lula al cargo de Ministro de la Casa Civil (Jefe de Gabinete).
Pero sí inviabiliza el fallo de Mendes quien determino que el caso siga en manos de Moro. Según medios locales de prensa, Zavascki estaría en contra de algunas determinanciones de Moro en los últimos días. La decisión de Zavascki respondió a un pedido del gobierno, que señaló irregularidades en la divulgación -ordenada por Moro- de charlas telefónicas entre Lula y Dilma, y declaró nuevamente el sigilo de las grabaciones.
COMUNICADO
En tanto, la empresa brasileña Odebrecht indicó en un comunicado que después de las "evaluaciones y reflexiones" a cargo de accionistas y ejecutivos, decidió ofrecer "una colaboración definitiva con las investigaciones", aunque no dio detalles.
La empresa "viene manteniendo contacto con las autoridades, con el objetivo de colaborar con las investigaciones, además de la iniciativa de lenidad adoptada en diciembre ante la Controlaría General de la Unión".
Los acuerdos por lenidad implican que empresas involucradas asuman culpas, paguen por sus daños y eviten futuros desvíos de conducta a cambio de volver a poder celebrar contratos con el sector público.
La Policía Federal dijo haber descubierto en una fase anterior de la operación "Lava Jato" indicios de que el grupo Odebrecht se valía de una contabilidad paralela para hacer pagos sospechosos a diferentes personas, varias de ellas "con vínculos directos o indirectos con el poder público en todas las esferas".
De las 110 órdenes judiciales emitidas por el juez Sérgio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba y responsable por la investigación de las corruptelas en Petrobras, 4 fueron de detención preventiva, 11 de arresto temporal y 28 para conducir a la fuerza a acusados a prestar declaración en comisarías.
Las otras 67 órdenes fueron para registros en oficinas e inmuebles del grupo Odebrecht en ciudades de los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Piauí, Brasilia, Minas Gerais y Pernambuco.
Odebrecht, en un comunicado, confirmó los allanamientos en oficinas y residencias de sus empleados y afirmó que "ha prestado todo auxilio en las investigaciones en curso, colaborando con los esclarecimientos necesarios".
Sobre las conexiones internacionales del "Petrolão", el fiscal Carlos dos Santos Lima, que coordinó la operación policial, indicó que "ya habíamos identificado un sistema por el que Odebrecht pagaba sobornos en el exterior y ahora descubrimos un departamento para hacer los pagos en Brasil", dijo en rueda de prensa.
Lima, titular del Ministerio Público Federal en la ciudad de Curitiba, explicó que pruebas recogidas en una operación anterior permitieron identificar un sector de Odebrecht dedicado exclusivamente al pago de "ventajas indebidas", que usaba empleados de confianza y contaba con un sistema electrónico propio. Según el fiscal, entre los ejecutivos que solicitaron pagos irregulares figuran Flavio de Bento e Faria, entonces director de Odebrecht en Argentina y quien solicitó el envío de US$ 115.000 a personas identificadas como "Festança" y a "Duvidoso", y Antonio Carlos Daiha Blando, director de Odebrecht Infraestructura para África, Emiratos Árabes y Portugal, quien pidió una remesa de US$ 335.000 para "PSA".
Según los documentos recogidos, una de las cerca de 8 cuentas utilizadas por la red y que eran operadas por dueños de casas de cambio llegó a contar con 67 millones de reales (US$ 18 millones) disponibles para el pago de sobornos.
De acuerdo con un comunicado oficial, el operativo buscó develar una supuesta red paralela de contabilidad que tendría Odebrecht para pagar "ventajas indebidas a terceros".
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