El presidente Mauricio Macri ordenó ajustar el cinturón y encargó el recorte de gastos en todos los ministerios. En este marco, trascendió que el ministerio de Defensa realizaría una drástica reducción de fondos en gasto militar, de un total de $4.474 millones contabilizados (otros "a estimar"), en especial en los contratos de fabricación local.
Así se desprende de un documento que se 'filtró', titulado "Contribución de la Jurisdicción Defensa al Esfuerzo Fiscal". En diálogo con El Cronista, desde la cartera de Julio Martínez admitieron la autenticidad del informe, pero dijeron que se trata de una de varias versiones del plan de ajuste aún no aprobado, y ésta sería la que contiene mayores recortes.
Según dicho documento, el recorte implicará dar de baja varios proyectos, como la radarización del territorio nacional y la reparación del submarino Santa Cruz, además de que se duplicarán las bajas y retiros voluntarios respecto a 2015.
También se reducirá el personal de la fábrica de aviones FADEA y del astillero Tandanor. Pero existe un ítem, vinculado al combate del narcotráfico, que genera una alarmante inquietud: según se puede leer en el documento, “se retirará del ´Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre para la detección de blancos pequeños móviles”, con un ahorro de sólo $160 millones, algo llamativo tratándose de uno de los objetivos que planteó Macri al inicio de su gobierno.
Por otra parte, una baja muy significativa sufrirán las áreas vinculadas a infraestructura para la defensa, como el ensamble de vagones en Fabricaciones Militares o la cancelación de los proyectos de boogies ferroviarios de hexacópteros en CITIDEF.
Además, se cancelará la convocatoria a nuevos proyectos. El informe destaca como "Ahorros” del 2016 la "interrupción del proyecto remotorización del Pucará", cuya modernización pretendía extender la vida del avión que es construído en la fábrica Fadea.
También se consignan $180 millones que no fueron usados gracias al repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, programa que fue extendido por un año por decreto en enero de 2016 con la firma presidencial y de Patricia Bullrich.
Con estos y otros recortes, pudieron “ahorrarse” 4.615 millones de pesos. Una cifra similar a la que pretenden ahorrar con este proyecto. El informe continúa con un listado de una docena de propiedades (en su mayoría del Ejército) que serían puestas a la venta por un total de $335 millones (incluyendo un inmueble en Washington D.C.).
También hay una relocalización de otras dependencias en el país para ahorrar $206,3 millones. Continúa con un apartado de "activos": serán $ 235 millones menos al, entre otros ítems, no fabricar el radar RPA3DLA II y retirar los radares de vigilancia terrestre del Operativo Fronteras.
Más adelante figura la "gestión del personal" (en sueldos se destina aproximadamente el 70% del presupuesto): prevé una reducción de $3.520 millones con el incremento del 102% de bajas y retiros de oficiales; y de un 130% de suboficiales.
Propone, además, la "desvinculación de personal" en Fadea (200 puestos menos) y en Tandanor (50 cargos). También plantea una "racionalización de los gastos" de LADE (Líneas Aéreas del Estado) "a determinar".
Por otra parte, habría un recorte en obras, programas y proyectos de Fabricaciones Militares, del Instituto de Investigaciones Científicas y del Servicio De Hidrografía Naval. Y no se gastarían los $268 millones del contrato con el INVAP por la modernización de radares transportables. Si bien este recorte de fondos aún no se aprobó, ya está causando gran malestar en las Fuerzas Armadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario