La Administración Macri plantea la posibilidad de la privatización de Vialidad Nacional con una sociedad anónima Corredores Viales S.A., 51% de las acciones para el Ministerio de Transporte y 49% para la Dirección Nacional de Vialidad.
La sociedad anónima tendrá competencias hasta hoy públicas y establecidas por ley; asumiendo tareas de construcción, administración y explotación, de rutas, autopistas, accesos, y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional.
El mecanismo acepta la incorporación a cada proyecto de socios privados que se sumen a Corredores Viales, sin fijarse, dice el sindicato, " un tope al porcentaje de las acciones que se pueden comprar desde el sector privado. De esta manera pueden endeudarse ante capitales privados nacionales y extranjeros y el Estado Nacional es el Garante. El problema que esto implicaría la instalación de más peajes, encarecimiento del transporte y costo se trasladaría al consumidor habilitando el traspaso de recursos (humanos, equipos, inmuebles) y presupuesto de la DNV, que es de “todos los argentinos” hacia la empresa que podría ser adquirida en su totalidad por privados sin que Vialidad pueda controlar a una empresa de la cual es parte. (...)".
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