(U24) - 46 vehículos de ex funcionarios kirchneristas procesados, uno de ellos un Honda CVR patente IFU 900 de Cristina Fernández, quedaron bajo control de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE).
Se trata de un grupo de automotores que pertenecen a personas involucradas en la causa por defraudación al Estado nacional por direccionar la obra pública vial a favor de Austral Construcciones, sociedad de la que es propietario detenido Lázaro Báez.
La decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini, quien entregó la guarda judicial de los vehículos a la AABE. El organismo deberá definir ahora cuál es el fin social que destinará a estos bienes, que puede ser alguna institución u organismo público, entre ellos, las fuerzas policiales, o bien una ONG.
En la causa, Vialidad Nacional reclamó $22.500 millones a Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados por los "daños y perjuicios" generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados al Grupo Austral.
En total, se rubricaron 52 contratos de obra por 46.000 millones de pesos. En esta línea, Ercolini dispuso al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, y más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.
El 27 de noviembre pasado, el juez designó a la AABE como depositaria judicial en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal. El objetivo es "garantizar la conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos y de las embarcaciones", señaló el magistrado, según publica Infobae.
Además, Ercolini ordenó que el Estado "deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes".
En total son 46 vehículos, de los cuales 41 están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en el distrito bonaerense de Zárate.
Cabe recordar que una acción similar se realizó con propiedades y vehículos de Lázaro Báez, así como con el yate de Ricardo Jaime.
La medida es en la causa de corrupción en la obra pública, a cargo del juez federal Julián Ercolini, en la que se determinó que el Grupo Austral de Báez fue beneficiado con 52 contratos por $46 mil millones a través de licitaciones direccionadas con sobreprecios.
Los vehículos pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) para que se les den un fin social. Aunque también podrían ser usados por las fuerzas de seguridad o incluso por Vialidad Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario