Por EDUARDO AULICINO / INFOBAE
¿Existen los costos temporales? La definición sugiere algo así como un costo político y social que podría ser amortiguado y hasta revertido con el tiempo. Esa es la percepción del Gobierno en el arranque de un año difícil, con el anuncio del aumento escalonado y diferenciado del transporte, y las subas de tarifas previstas para febrero y abril, más el antecedente de la reforma del cálculo jubilatorio y una mirada más realista sobre la inflación.
¿Esperanza o apuesta? Un poco de cada cosa. Nada de lo que ocurre parece puro cálculo o expresión de cierta picardía tradicional de la política, según la cual es mejor hacer todo lo que resulte doloroso o antipático de una sola vez y reservarse para después –2019, año electoral- las políticas supuestamente más redituables y demandantes de una mayor holgura presupuestaria.
Por el contrario, las señales de este inicio de año hablan de las limitaciones –propias, puede ser, pero sobre todo de la delicada realidad económica- y de la paradójica situación que impone ese cuadro. No es cuestión de un mal trago, sino de perspectiva.
El Gobierno se mueve en una franja muy fina: es la que queda entre la necesidad de bajar el déficit de manera sostenida –y achicar con ritmo similar el recurso del endeudamiento externo- y el objetivo de alentar la recuperación de la economía, despareja aún, y no marchitar los indicios de mejoras del consumo, motor central del crecimiento. Todo, frente a inversiones que siguen exhibiéndose mezquinas.
Mauricio Macri produjo entre el final de diciembre y el comienzo de este año dos señales que ilustran sobre la encrucijada que enfrenta el Gobierno. Por un lado, resolvió la pulseada entre el Banco Central y el equipo económico, además del ala más política del oficialismo.
Por el otro, alertó sobre el agotamiento a mediano plazo del proceso de endeudamiento y, contracara visible, ratificó la línea de achicamiento de los subsidios a los servicios para ir reduciendo el déficit.
¿Qué cambió entre la ofensiva inicial y frustrada de Alfonso Prat-Gay contra Federico Sturzenegger y la actual limitación de hecho a la política del titular del Banco Central?
Más allá de los efectos previsibles pero no deseados de esta movida –es decir, los rumores inquietantes y activos sobre la salida de Sturzenegger-, lo que se produjo fue una decisión política vinculada a la economía. La rígida posición monetaria como eje para contener y reducir la inflación, que sin dudas era una piedra en el camino de la reactivación, fue atenuada –con interrogantes sobre su alcance, por ahora- para dar señales favorables a la expansión económica.
En esta ocasión, Macri falló a favor de la posición que fueron unificando la Jefatura de Gabinete y Hacienda, esta vez en sintonía con señalamientos similares que desde casi un año y medio antes expresaba el elenco más político de Cambiemos.
La advertencia presidencial sobre su propia limitación en términos de endeudamiento buscó reforzar el mensaje sobre el cuadro general del país, nunca descripto totalmente en su real y grave dimensión. La fórmula que aspira a bajar el déficit pero sin atentar contra la nada lineal recuperación económica es además de técnica, y sobre todo, una decisión política, en el marco de la definición mayor o "estratégica" que supone el gradualismo.
El aumento de las tarifas de transporte –y la baja de subsidios de hecho, por efecto inflacionario- llevó el mismo sello. Parece claro que el mayor costo lo pagarán los sectores medios. El Gobierno se ha ocupado de destacar que se mantienen las reducciones de carácter social para los pasajes y también, que el nuevo sistema de "red SUBE" de transportes combinados significará un beneficio para la franja de menores recursos, lo cual surge de las estadísticas y del sentido común. Las fuentes oficiales también se encargan de destacar los alcances de las tarifas sociales que rigen para los servicios de luz, gas y agua, que irán aumentando entre febrero y abril.
Y del mismo modo, señalan que el presupuesto social no sólo no ha disminuido, sino que ha crecido por encima de los registros inflacionarios. Es cierto, como lo es también que la mayor expectativa inflacionaria y su contracara, el efecto sobre el poder adquisitivo, es una amenaza latente contra la recuperación del consumo.
Allí, en el terreno práctico antes que teórico, puede advertirse el estrecho camino por el cual transita el Gobierno. El cuadro descripto a grandes rasgos expresa a la vez cómo las decisiones políticas impactan sobre la economía y como ésta, al mismo tiempo, condiciona la política. Los resultados irán describiendo si los costos son temporales o más permanentes, no sólo en escala mediática.
No importan en este punto únicamente las encuestas que, en general, emiten más de un mensaje: una caída de fin de año en la imagen presidencial, pero al mismo tiempo un piso que aún ronda los 50 puntos de registro positivo y niveles de expectativa sostenidos.
¿Le alcanza al Gobierno? La respuesta no debería ser contundente ni única: algunos hombres de peso en el oficialismo contemplan la postal pero también la secuencia que sugieren los sondeos. Es decir, no se alarman pero toman nota. Es difícil, de todos modos, salir de la lógica que impone la economía como eje del temario público. Y lo es también porque incluso las noticias económicas positivas parecen lejos de la percepción general o pueden ser evaluadas en una perspectiva de más largo aliento.
Entre los papeles que suelen circular en medios oficialistas se anotan índices diversos: por ejemplo, el resultado de la recaudación de 2017 por encima de la inflación anual o las sucesivas anotaciones de crecimiento de la economía, aún con desagregados desparejos por actividad. Pero el problema es que la política, en un año no electoral, se perfila con temas de peso pero también de difícil traducción en medio de la lógica mediática.
Cierto ruido puede acompañar el intento de tratar la módica reforma laboral. Pero el programa para las sesiones extraordinarias y también para las ordinarias podría incluir algunas cuestiones trascendentes como la ley de ministerio público o la reforma del Código Penal. Son temas mayores: ¿la política sabrá darle el lugar que corresponde, también en el debate público?
Claro que no todo lo que hace el oficialismo es lo que está a la vista. El caso de María Eugenia Vidal es llamativo y, contra lo que indicaría el rating más ruidoso, inquieta en silencio a la oposición. La gobernadora despliega una actividad política en continuado que por supuesto no se agota en las visitas a barrios o en declaraciones para la prensa.
Los millones que recibirá la provincia luego de la pulseada por el Fondo del Conurbano tendrán expresión directa en obras. Y no es un dato menor la articulación con los intendentes y tampoco su reflejo legislativo, según destacan en La Plata.
Un operador peronista con bastante kilometraje en Buenos Aires suele decir que es un error quedarse en pensar al oficialismo como un fenómeno coyuntural y de exitoso marketing político. "No podemos ver solamente los globitos amarillos o creer que todo es Durán Barba. Estos tipos están haciendo política, caminan, gobiernan", dice.
Eso, el ejercicio práctico y cotidiano del poder, genera capital, por supuesto. El punto, también en el día a día, es cómo asimilar los costos. El año que acaba de arrancar será una enorme prueba en ese terreno: la elección de octubre le amplió el capital al Gobierno pero al mismo tiempo lo colocó en zona de mayor exigencia, y no sólo frente al pasado.
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